Este proyecto, que ya había sido presentado en la Cámara de Diputados durante las sesiones extraordinarias de febrero, no había sido tratado debido a que el bloque oficialista optó por centrar sus esfuerzos en la aprobación de una reforma laboral, considerada prioridad por el Gobierno en ese momento.
Con la presión de la Justicia para acatar la ley 27.795, sancionada el año pasado y que incluye la actualización de los salarios docentes y programas de becas, el oficialismo ahora busca revitalizar esta iniciativa. Aunque no se propone derogar la ley, sí se modificará para reducir su impacto fiscal.
Aún no se ha fijado una fecha para la convocatoria a las comisiones correspondientes, pero fuentes cercanas al bloque libertario han confirmado que será en el corto plazo.
Las críticas por la falta de acciones oportunas se amplifican en el contexto de la tensa interna entre Santiago Caputo y Karina Milei. Caputo, asesor presidencial, había mantenido conversaciones discretas con rectores durante el verano para tratar de promover el proyecto. Su motivación era obtener apoyo en el Congreso y así neutralizar un frente judicial que se tornaba complicado luego del fallo de primera instancia del juez Martín Cormick, que ordenó al Ejecutivo dar cumplimiento inmediato a las actualizaciones salariales.
El Gobierno sostiene que acatar esta norma, promovida por la oposición, pondría en riesgo el equilibrio fiscal. Por este motivo, decidió apelar el fallo de primera instancia, pero también activó simultáneamente el procedimiento parlamentario, presentando en febrero una reforma que tendría un impacto fiscal considerablemente menor al estipulado por la ley aprobada por el Congreso.
El oficialismo ha optado por no apresurar el tratamiento de la reforma hasta contar con apoyos firmes. En el círculo cercano a Caputo, se denuncia a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y estrecho colaborador de Milei, señalando que la falta de celeridad en el tratamiento del proyecto podría acarrear un costo de $2,5 billones para el Estado, tras el reciente fallo de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que favoreció a las universidades.
“Antes del fallo de segunda instancia había posibilidades de negociar una reforma de la ley de financiamiento: claramente era en beneficio del Gobierno y de las universidades, dado que no existía certeza sobre un fallo favorable. Ahora es demasiado tarde”, lamentan allegados a Caputo.
Por su parte, en el entorno de Menem se evitan las polémicas, declarando: “Está todo bien, lo único que tenemos para…”
