La decisión judicial responde a una solicitud formal de la Municipalidad de Escobar, que argumentó que era necesario asegurar la seguridad pública en la zona.
“Ante los distintos riesgos que provoca la edificación inconclusa y abandonada y su impacto potencial en cuanto a la seguridad estructural por riesgo de hundimiento o deslizamiento de suelo haciendo peligrar su estabilidad, se autoriza a la demolición de la totalidad de dicha construcción”, se señala en el documento del juzgado.
Según informó el portal El Día de Escobar, la resolución no solo autoriza la demolición del edificio de 14 pisos, que ha permanecido paralizado por más de diez años, sino que también incluye el desmantelamiento de una grúa torre de alrededor de 30 metros de altura, así como la remoción de andamios, encofrados y otros elementos que representan riesgos para el área circundante.
“Por riesgo de colapso de la grúa torre de aproximadamente 50 metros de altura con sus contrapesos y accesorios, que está sin funcionamiento por más de 10 años, se proceda a su inmediato desanclaje del terreno, desarme y retiro del lugar por constituir un factor de riesgo para la seguridad de su entorno (viviendas y personas)”, ordena el fallo judicial.
La ejecución de este trabajo recaerá en el personal especializado del municipio, o en terceros que se contraten, y los costos correrán a cargo del propietario del inmueble. “El municipio resultará depositario de las piezas desmontadas y sus accesorios”, se agrega en el documento.
El juez Leandro Marcos Cappello argumentó que la falta de respuesta de la empresa Doro Florida S.A., propietaria del terreno, a las solicitudes del municipio ha contribuido al deterioro tanto de la obra como del suelo en el que se encuentra.
Esta sentencia representa un avance en las gestiones que el municipio ha impulsado desde 2022 para definir el futuro del proyecto.
El expediente judicial sigue abierto y acumula numerosos reclamos por parte de damnificados que buscan una solución para el desarrollo inmobiliario, que fue anunciado en 2010 como uno de los más ambiciosos de la región y que contemplaba seis torres de 14 pisos y un hotel internacional.
Este desarrollo prometía acceso a cocheras desde USD 16.000 y habitaciones de hotel a partir de USD 102.000, bajo un sistema de fideicomiso que aseguraba rendimientos en divisas.
Aunque el proyecto logró atraer a diversos inversores y se comenzaron las obras, nunca se completó la construcción. La actividad quedó paralizada en 2015 y el caso se trasladó a la Justicia, donde se investiga un posible fraude que ha afectado a más de 240 personas.
Entre abril de 2011 y mayo de 2016, las inversiones ascendieron a cerca de 5 millones de dólares, pero los compradores no han recibido las propiedades que se les prometieron.
La sentencia está en primera instancia, lo que significa que podría ser apelada por los propietarios, lo que dejaría la medida en suspenso hasta que el proceso judicial avance y se determinen los aspectos operativos para llevar a cabo la demolición.
El documento judicial aclara que no existen impedimentos legales para la remoción de la grúa ni de otros elementos considerados peligrosos, incluso en relación con medidas cautelares dictadas en otros casos vinculados a la propiedad.
Mientras la resolución espera su confirmación, el edificio permanece inactivo y el futuro de la parcela sigue incierto, en espera de que se complete el proceso judicial.
