Caputo asistió a estas reuniones junto a Barry Bennett, un lobbista estadounidense asociado a la firma Tactic Global, del argentino Leonardo Scaturice, un exagente de inteligencia que ahora es propietario de Flybondi y de OCA. También participaron el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, y Manuel Vidal, un colaborador cercano del asesor presidencial. Entre los encuentros, Caputo fue convocado por Brian Mast, representante republicano de Florida y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. Un segundo encuentro se llevó a cabo con Michael Jensen, asesor especial del presidente Trump en asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional.
En estos diálogos, se abordó el tema de la Hidrovía, así como la importancia del puerto de Ushuaia y los negocios energéticos para Estados Unidos. La estrategia del viaje de Caputo resulta significativa, dado que el próximo martes la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), bajo su dirección, abrirá el tercer sobre de la licitación de la Hidrovía. Este sobre contendrá la oferta económica que definirá la competitividad entre los dos consorcios participantes: uno, formado por la empresa belga Jan de Nul y la argentina Servimagnus (perteneciente a la familia Román), y otro, compuesto por la también belga DEME junto a las estadounidenses Great Lakes, Clear Street y KKR.
La Hidrovía Paraná-Paraguay no es una infraestructura cualquiera; constituye la arteria comercial de América del Sur. A través de este corredor fluvial transita el 80% de las exportaciones argentinas de granos y productos derivados —como soja, maíz, harina y aceite—, así como la producción paraguaya, un país sin acceso directo al mar que depende de esta vía para su comercio internacional, y las cargas del sur de Brasil que buscan salida al Atlántico. Controlar el dragado y el balizamiento de esta importante ruta no solo implica la gestión de un canal: se trata de gestionar la vía de salida de la agroindustria más potente del hemisferio sur. Por lo tanto, la licitación que determinará su concesión por los próximos 25 años trasciende un mero procedimiento técnico o una simple competencia entre empresas dragadoras.
Desde Estados Unidos, existe la sospecha de que Servimagnus y la Anpyn podrían estar implicados en actividades que generan preocupaciones adicionales.
