En las reuniones sectoriales dedicadas al maíz y al trigo, los ministerios de Agricultura y Desarrollo Productivo, liderados por Luis Basterra y Matías Kulfas, respectivamente, presentaron la propuesta de facilitar el acceso al crédito para pequeños y medianos productores. Esto se materializaría a través de garantías totales o parciales en apoyo de los créditos otorgados por entidades financieras, dirigidos a aquellos que requieren trigo y maíz para la cría de ganado o la producción alimentaria.
Estos préstamos, ofrecidos por bancos tanto públicos como privados, estarían respaldados por el Fondo de Garantías Argentino (Fogar), lo que permitiría a los productores sortear posibles aumentos en sus costos de producción sin repercutirlo directamente en los precios finales, brindándoles mayor capacidad para manejar estas inestabilidades.
La propuesta se centra especialmente en los criadores de ganado y los molinos de trigo, en un intento por controlar el aumento de precios en la carne y el pan.
Además, el Gobierno ha solicitado a cada sector un análisis exhaustivo sobre la demanda de granos, para establecer un trabajo conjunto con los productores primarios que garantice tanto precios como cantidades. Por ejemplo, la industria avícola ha informado que ha superado las dificultades temporales, mientras que los molinos confían en poder manejar la situación en breve.
Asimismo, se discute la posibilidad de ampliar las operaciones de cobertura mediante el Rofex, con el fin de asegurar volúmenes anuales y precios más bajos.
Los representantes del sector agropecuario, organizados en la Mesa del Maíz y la Mesa del Trigo, sugirieron al Gobierno la creación de un “fondo anticíclico alimentario”. Esta propuesta implica utilizar parte de los ingresos adicionales que se estiman recaudados este año por el Tesoro debido a las inesperadas alzas en los precios internacionales de las materias primas, con el fin de crear un colchón que permita “desacoplar” los precios internos. Esta es una de las metas que el Gobierno persigue para evitar que los aumentos en los precios internacionales afecten directamente al mercado local.
Según cálculos de los interesados en que esta medida prospere, el Gobierno había proyectado recaudar para este año alrededor de $5835 millones por derechos de exportación, pero a los precios actuales, esa cifra podría superarse ampliamente, permitiendo al Estado obtener más de $8000 millones. El sector agropecuario busca que parte de esos más de $2200 millones se reinviertan en la actividad, aunque se espera que una parte de este superávit financie la demanda de insumos importados en la industria.
Como mencionó un medio anteriormente, el Gobierno ha evitado, por el momento, aumentar las retenciones a los granos para no tensar la relación con el sector agropecuario, lo que podría poner en riesgo una agenda de trabajo más amplia que trasciende el contexto actual.
Sin embargo, el fenómeno de la inflación en alimentos preocupa a varios funcionarios, especialmente luego de que se diera a conocer que la canasta básica alimentaria, que mide el umbral de la indigencia, experimentó un incremento superior a 10 puntos respecto a la inflación del 2020, alcanzando un aumento del 45,5%. En un año electoral, donde los ingresos no logran mantener el ritmo con la inflación, podrían anticiparse medidas drásticas.
El pasado jueves, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, asistió a una reunión del gabinete económico para informar sobre el impacto de la subida de precios a nivel internacional y las coordinaciones que se están realizando con la cadena agroalimentaria para que los alimentos presenten “valores que sean razonables para la población”. El ministro reconoció que “se están identificando los instrumentos para lograr un desacople de los precios”, y aseguró que el Gobierno trabaja para ejecutar estas acciones “con el consenso de todos los actores”.
