La solicitud se suma a un trámite pendiente ante la CIDH desde 2021, identificado como P-35-21, que abarca la situación de Bruglia y sus colegas Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, quienes han enfrentado ataques desde el kirchnerismo durante la presidencia de Alberto Fernández.
Bruglia ha señalado un punto crítico en su petición a la CIDH, afirmando que la eventual designación de sus reemplazos haría irreversible su salida del cargo. Indicó que el 27 de abril, el consejero Diego Barrotaveña reactivó el concurso 461, que había estado en pausa durante un proceso de solución amistosa ante la CIDH. Solo tres días después, el 30 de abril, las ternas fueron aprobadas en la Comisión de Selección del Consejo en un tiempo récord y, según Bruglia, sin un debate sustancial, tras una reunión que tuvo lugar a puertas cerradas.
El camarista sostiene que el Poder Ejecutivo planea remitir las ternas al Ministerio de Justicia a mediados de este mes, para que los pliegos ingresen al Senado en julio y los nuevos jueces juren en agosto. Este sería el punto en el que, según Bruglia, la situación se tornaría irreversible.
En su solicitud, Bruglia también mencionó específicamente al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y al viceministro, Santiago Viola, alertando sobre el hecho de que Viola fue nombrado por Milei como representante del Poder Ejecutivo en el propio Consejo. Recordó que tanto él como Bertuzzi habían procesado a Viola en el pasado en un caso en el que se le acusó de haber promovido testimonios falsos contra el juez federal Sebastián Casanello.
El camarista argumentó que algunos funcionarios y jueces del Consejo están aplicando de manera selectiva un fallo de la Corte Suprema de 2020, que estableció que los jueces trasladados ocupan sus cargos de forma transitoria hasta completar el proceso constitucional de nombramiento.
En 2018, durante el mandato de Mauricio Macri, Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados a la Cámara Federal con aprobación del Consejo de la Magistratura. Sin embargo, según él, tras el fallo de la Corte Suprema, las nuevas reglas se han aplicado solamente a sus casos, a diferencia de decenas de situaciones similares que no han suscitado concursos o retrocesos.
Como ejemplo de su planteo, Bruglia presentó el caso de Carlos Mahiques, quien no solo eludió un concurso en el Consejo de la Magistratura, sino que recibió un nuevo acuerdo para permanecer cinco años más en la Cámara Federal de Casación Penal. Esto, según Bruglia, demuestra un tratamiento desigual.
El peso de su argumento es respaldado, inesperadamente, por las palabras del ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, uno de los firmantes del fallo “Bertuzzi”, quien afirmó que “la decisión del Consejo de la Magistratura de hacer concursos para algunos jueces trasladados y no para otros afecta la legitimidad”, además de comparar el trato que recibieron Carlos Mahiques y Leopoldo Bruglia.
El conflicto se remonta a noviembre de 2020, cuando la Corte Suprema dictó el fallo “Bertuzzi” estableciendo el carácter transitorio de todos los traslados de jueces. El Estado argentino había entablado en 2024 un proceso de solución amistosa ante la CIDH que incluyó la paralización de los concursos 461 y 479 durante casi dos años.
Sin embargo, este proceso se vio interrumpido el 15 de octubre de 2025, coincidiendo con el inicio del juicio oral en la “causa Cuadernos”. Este cambio de táctica se dio con la llegada de Juan Mahiques al Ministerio de Justicia y Santiago Viola al Consejo, en marzo de este año.
Bruglia añadió que ha agotado el proceso interno al solicitar sin éxito la suspensión del concurso ante el Consejo de la Magistratura, basándose en el artículo 25 del reglamento de la CIDH. Según indicó, el organismo no consideró su situación como parte interesada, una interpretación que Bruglia rechaza.
Así, la solicitud cautelar busca detener cualquier acción vinculada al concurso 461 hasta que la CIDH se pronuncie sobre el fondo del caso. Bruglia ha sostenido que se cumplen los criterios de gravedad, urgencia y daño irreparable, así como la posible violación de derechos como la estabilidad judicial, la igualdad ante la ley y el debido proceso. Advirtió que si los nuevos jueces toman posesión de sus cargos antes de que la CIDH se pronuncie, cualquier decisión posterior del organismo podría volverse inviable.
