El fallo determinó la responsabilidad penal del acusado, cuyas iniciales son G. N. G., en detrimento de una mujer que reside en la misma ciudad. Tras examinar las pruebas, se constató que las conductas delictivas ocurrieron de manera sistemática entre octubre de 2023 y enero de 2024.
Por este motivo, los jueces consideraron que se trataba de un delito continuado en concurso real, lo que podría incrementar la futura pena. Afirmaron que el principal imputado había llevado a cabo un patrón delictivo que combinaba fraudes económicos y abuso sexual hacia la víctima.
En el proceso también estaba señalada una segunda persona, R. A. R., inicialmente acusada por la Fiscalía como posible cómplice en esta red de engaños. Sin embargo, los magistrados decidieron absolverla por falta de pruebas. Al no encontrar evidencias que corroboraran su participación en los delitos económicos, se determinó que no debía asumir los costos del juicio.
Sin embargo, la situación de R. A. R. se complicó al final del proceso, dado que el tribunal estableció su culpabilidad como coautora material en el delito de extorsión. El fallo evidenció su participación activa junto al curandero en un acto intimidatorio ocurrido en enero de 2024, dirigido a la misma víctima con el objetivo de obtener dinero a través de amenazas.
El tribunal comunicó que la sentencia se dictó conforme a las normativas vigentes del Código Penal de la Nación y el Código Procesal Penal de Corrientes, asegurando el respeto del debido proceso y el principio de inocencia en todas las etapas previas.
Al finalizar la lectura del veredicto, los magistrados establecieron un cuarto intermedio y anunciaron que en la próxima audiencia de cesura se presentarán los alegatos finales sobre la cuantificación del daño, luego de lo cual se determinará la pena de prisión efectiva para ambos condenados.
En un caso separado, un policía de Salta fue condenado a siete años de prisión efectiva por abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual simple y grooming en relación a dos menores de edad. El acusado, Alberto Gabriel Guaymás, formaba parte de la fuerza policial provincial y las víctimas tenían cinco y doce años al momento de los hechos.
La jueza María Victoria Montoya Quiroga resolvió que Guaymás quedara inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 14 años, el doble del tiempo de condena, al considerar que los delitos eran de concurso real.
La investigación reveló que una tarde, la hija de una amiga del acusado, de cinco años, sufrió abusos mientras estaba en la casa de Guaymás, donde se encontraba con su madre. La menor, según su testimonio en Cámara Gesell, describió que el policía entró al cuarto, se bajó los pantalones y le obligó a realizar actos sexuales. La falta de testigos directos hizo que la solidez de su relato fuera fundamental para la acusación.
El testimonio de la niña se mantuvo constante y fue respaldado por profesionales de la salud y docentes. Las evaluaciones psicológicas indicaron que la experiencia afectó gravemente su desarrollo emocional, generándole problemas de aprendizaje, episodios de angustia y una disminución notable en su rendimiento escolar.
El segundo caso implicó a una adolescente de 12 años, a quien el acusado contactó tras obtener su número de celular en una llamada al 911. Inició conversaciones privadas, enviándole mensajes de contenido sexual, solicitando fotografías e intentando organizar un encuentro.
La madre de la menor relató que la joven desarrolló miedo y desconfianza hacia la policía tras conocer los mensajes, lo que llevó a la familia a cambiar sus rutinas por temor.
La fiscal penal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Celina Morales Torino, argumentó que Guaymás “quebrantó el deber de protección que le competía a quien portaba un uniforme para proteger a la sociedad” y aprovechó la vulnerabilidad de las víctimas y la confianza de sus familias. Los delitos fueron tipificados bajo los artículos 119 y 131 del Código Penal, referidos al abuso sexual y grooming.
