“¡Importante! Mañana se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos de la licitación de AySA para avanzar con la venta del 90% de las acciones de la empresa que hoy están en manos del Estado Nacional”, comentó Caputo en su cuenta de X este jueves.
El funcionario sostuvo que la entrada de “un operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa” será clave para fomentar inversiones, expandir la red y mejorar el servicio. “Seguimos avanzando en un modelo donde el Estado deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas para concentrarse en garantizar reglas claras, promover la competencia y generar condiciones para la inversión y el crecimiento”, añadió.
Este anuncio se inscribe dentro de una iniciativa de privatizaciones que el presidente Javier Milei ha promovido desde el comienzo de su administración. La Ley Bases de 2024 faculta la privatización total o parcial de ocho empresas estatales: AySA, Corredores Viales, Enarsa, Intercargo, Belgrano Cargas, Sofse (Trenes Argentinos), Nucleoeléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
El Ejecutivo busca así acelerar los trámites necesarios para transferir estas compañías al sector privado, con la meta de concluir gran parte del proceso antes del año 2027. En diversas declaraciones, Caputo ha manifestado que se espera que estas privatizaciones generen ingresos por aproximadamente 2000 millones de dólares para fin de año.
Respecto a AySA, el Gobierno ya había dado luz verde a los contratos de concesión y transferencia de acciones mediante la resolución 543, que fue publicada en el Boletín Oficial. Este marco establece el acuerdo de concesión entre el Estado Nacional y Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima.
La concesión tendrá una duración de 30 años para la gestión del servicio de agua potable y desagües en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios del conurbano bonaerense, como La Matanza, Quilmes, Avellaneda, Lomas de Zamora, General San Martín, San Isidro, Tigre, Florencio Varela, Merlo y Morón.
Además, el contrato incluirá la opción de prorrogar la concesión por 10 años adicionales. Durante ese tiempo, AySA conservará la explotación exclusiva del servicio en la zona regulada.
El Gobierno argumenta que la privatización debe ir más allá de una simple transferencia de acciones y debe representar “una transformación profunda que garantice sustentabilidad, eficiencia y transparencia en el servicio”, según el Informe Circunstanciado elaborado por la Agencia de Transformación de Empresas.
