A pesar de que el fondo británico aún no ha decidido llevar el caso ante el máximo tribunal, los estrategas legales del Gobierno anticipan que esta acción se producirá en el corto plazo. “Tienen 90 días para hacerlo”, indicaron.
Fuentes oficiales subrayaron que la administración confía en que la Corte Suprema desestimará el caso, sugiriendo que una decisión definitiva podría surgir a finales de año, tras un análisis de dos a tres meses. Esta resolución pondría fin a un prolongado proceso judicial iniciado en 2015 tras la expropiación de la petrolera nacional, que enfrenta una condena potencial de 16 mil millones de dólares.
Esta evaluación del Gobierno coincide con los análisis realizados por Burford, que al presentar sus resultados trimestrales, reconocieron que “la probabilidad de obtener más recursos en los tribunales estadounidenses es baja desde un punto de vista estadístico”.
Se sostiene que la Corte Suprema de EE. UU. procesa entre 70 y 100 casos anualmente, todos de interés federal. Sin embargo, el Gobierno mantiene una postura cautelosa, ya que el proceso todavía está abierto ante una posible reclamación de Burford en el CIADI, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial.
El fondo británico había indicado previamente que “el arbitraje es un proceso que dura varios años (un caso promedio del CIADI dura 4.4 años), pero es completamente capaz de alcanzar el mismo resultado que un tribunal de primera instancia estadounidense”. Además, resaltó que, en ese tribunal, el 86% de las 51 demandas arbitrales entre inversores y Estados presentadas contra Argentina resultaron en favor de los inversores.
Por otro lado, tras el reciente fallo positivo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, la Procuración del Tesoro, liderada por Sebastián Amerio, afirmó que “la decisión del tribunal, que niega la solicitud de revisión del fallo por el pleno de los integrantes activos de la Cámara de Apelaciones, constituye un nuevo respaldo a la solidez jurídica de la posición sostenida por la República Argentina durante el proceso de apelación y reafirma la sentencia favorable obtenida por nuestro país”.
Mientras tanto, el equipo legal del Estado continúa trabajando en otros litigios pendientes, como el caso del Cupón PBI en Londres, que involucra un monto de 1330 millones de euros. Al mismo tiempo, el Gobierno espera la aprobación en el Congreso para avanzar con un acuerdo de 171 millones de dólares con los fondos Bainbridge y Attestor debido al default de 2001. Este tema se debatirá este jueves en el Senado.
