El presidente Milei, en su discurso del pasado 3 de septiembre, relacionó la cuestión de Malvinas con su estrategia de integración internacional, especialmente su acercamiento con Estados Unidos. Además, anunció la creación de un Consejo de Seguridad Nacional a medida para una “potencia exportadora de recursos estratégicos”, centrándose en alimentos, metales e hidrocarburos. De este modo, el gobierno, con una retórica soberanista pero con un enfoque práctico, busca reinsertar su política exterior sobre Malvinas en la tradicional estrategia diplomática argentina. Sin embargo, su verdadero objetivo parece combinar el oportunismo político con la búsqueda de beneficio económico, aplicando sanciones a empresas implicadas en la posible explotación petrolera ilegal en la plataforma continental. Este esfuerzo por reactivar una agenda pública se produce en un contexto de creciente deuda que afecta severamente la economía.
Para comprender este notable cambio en la política exterior, es relevante recordar las afirmaciones de Javier Milei en la conmemoración del 2 de abril de 2025, donde abogó por el derecho a la autodeterminación de los isleños y rescató una estrategia seductora similar a la impulsada durante la presidencia de Carlos Menem. En esa ocasión, afirmó que “el voto más importante de todos es el que se hace con los pies”, deseando que los malvinenses algún día opten por acercarse a su gestión. Este vaivén en la política sobre Malvinas, que ha sido habitual desde 1983, se ha evidenciado dentro de un mismo gobierno, sin requerir cambios significativos en el liderazgo. Asimismo, el discurso sobre la soberanía en el Atlántico Sur y la Antártida también incorpora la percepción del riesgo que representa China, en el marco de la competencia con Trump en la región.
La conexión de Estados Unidos con las Islas Malvinas y su interés en la Antártida se remonta a 1831, durante la administración de Luis Vernet, quien fue designado como comandante militar y político de las islas. En diciembre de ese año, el capitán Silas Duncan, al mando de la corbeta Lexington, tomó control de las islas en represalia por la captura de barcos pesqueros estadounidenses, arrestando a sus autoridades y destruyendo un depósito de pólvora allí presente. Este episodio, frecuentemente ignorado en la historiografía, fue objetado en 1887 por una Corte Federal de Massachusetts, que declaró que la ocupación era contraria al derecho estadounidense, reafirmando así de manera indirecta la soberanía argentina.
Años más tarde, la Corte Suprema de Estados Unidos adoptó una postura diferente que facilitó que los británicos se apoderaran de las islas sin resistencia. Es sorprendente, por tanto, cómo Washington ignoró la Doctrina Monroe, que abogaba por “América para los americanos”. Así constataríamos que ambos países anglosajones debieron haber llegado a un arreglo, dado que el gobierno estadounidense reconoció la soberanía británica pocos años después de la ocupación en 1833, un acto que contradecía su doctrina continental y el fallo judicial sobre la primera ocupación. Desde entonces, Estados Unidos ha desestimado los derechos argentinos mientras respaldaba la posición británica.
No sorprende, entonces, que tras la Segunda Guerra Mundial y en medio de la Guerra Fría, EE.UU. ratificara el Tratado Antártico de 1959, que entró en vigor en 1961, con la cláusula de no respetar las soberanías nacionales de Argentina y Chile, sin afectar también los reclamos británicos; todo ello sumado a sus actividades científicas y de ocupación en el continente antártico desde 1940-42.
Pocos señalan que las posiciones de Trump se sustentan en los intereses de Estados Unidos en la región. Como señala un analista, aunque EE.UU. nunca ha formulado un reclamo territorial formal sobre la Antártida, su política histórica y despliegue científico indican intereses territoriales persistentes. Desde 1955, Washington no ha reivindicado formalmente la Antártida, como queda claro al firmar el Tratado Antártico en 1959, y ha negado las reivindicaciones de otros países, incluyendo las de Argentina. Esto se plasma en el Polo Sur, que representa el eje central de todos los reclamos, evidenciando la continuidad de sus intereses territoriales no formalizados.
La relevancia de estos derechos se vuelve crucial, pues abarca zonas vinculadas al reclamo argentino, como la Península Antártica y el Mar de Weddell, territorio también solicitado por Chile y el Reino Unido. En este caso, la Antártida se consolida como un espacio estratégico donde la ciencia, la presencia constante y el conocimiento de recursos actúan como instrumentos de poder geopolítico. Estados Unidos, en este contexto, mantiene una influencia dominante a través de bases y estaciones meteorológicas.
Ya en 1955, un documento secreto del gobierno estadounidense identificaba como “Pájaro azul” su área de interés en la región, dividiendo el espacio en cuatro sectores, uno de los cuales incluye tierras en disputa con Argentina. Investigaciones de la Agencia Central de Inteligencia de 1981 revelan que esta área posee un alto potencial mineral e hidrocarburífero.
Adicionalmente, desde los años 50, la importancia geoestratégica de la Península Antártica ha sido objeto de discusión, especialmente en relación al pasaje de Drake, que resulta de interés histórico para Estados Unidos, que ha buscado construir alternativas como el Canal de Panamá. Así, el Cabo de Hornos y el paso interoceánico del Atlántico Sur se ven como opciones ante un posible cierre del canal panameño. Esto incorpora un elemento militar a la perspectiva estadounidense. La Nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Trump para el hemisferio también respalda esta idea, y el reciente decreto para expandir las funciones del Ministerio de Defensa, junto a la creación de una base naval en Tierra del Fuego, plantea interrogantes sobre el papel que asumirá Estados Unidos en este contexto.
Al final, la única novedad en la retórica del presidente Milei radica en elevar una bandera ampliamente conocida en función de intereses históricos que merecen ser estudiados más a fondo.
