El expediente de Belgrano Cargas era uno de los últimos en el primer tramo de privatizaciones y concesiones permitidas por la Ley de Bases de 2024.
En el ámbito gubernamental, se expresa que el propósito es que al llegar al año electoral, se logre tener la mayor cantidad posible de empresas, servicios y activos estatales bajo administración privada, concesionada o mediante esquemas mixtos.
La intención de la licitación de Belgrano Cargas consiste en transferir al sector privado la operación del servicio ferroviario de cargas, dividiendo el proceso por líneas y unidades de negocio.
El diseño contempla una separación entre las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, permitiendo presentaciones de ofertas independientes para la infraestructura, la operación ferroviaria y los talleres. La meta oficial es evitar un paquete único y ofrecer la oportunidad de que diversos operadores compitan por fracciones del sistema.
Este esquema también pretende posibilitar que una empresa participe solo en una de las unidades de negocio, o que presente una propuesta integral si desea operar en más de un tramo. Desde el Gobierno se sostiene que este formato podría incrementar la competencia y atraer a interesados de distintos perfiles, como operadores ferroviarios, empresas logísticas, usuarios intensivos de carga, firmas relacionadas con infraestructura y grupos con experiencia en mantenimiento.
Belgrano Cargas y Logística gestiona la principal red ferroviaria de cargas del país a través de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. Su operativa incluye el transporte de granos, insumos industriales y otras mercancías desde economías regionales hacia puertos y centros de consumo. Además, supervisa la infraestructura ferroviaria, el material rodante y los talleres.
El modelo de la licitación se basará en el acceso abierto, dispuesto en la Ley 27.132. Este esquema permite que distintos operadores utilicen la red ferroviaria mediante el pago de un canon o peaje, evitando la concentración de la operación en un solo prestador. En el Ejecutivo se argumenta que la exclusividad comercial ha limitado el desarrollo del sistema ferroviario de cargas y que la apertura podría incrementar el volumen transportado.
Anteriormente, el Gobierno había anunciado que el pliego se publicaría durante mayo, aunque el proceso se vio ralentizado por definiciones técnicas y administrativas. En la actualidad, aseguran que la publicación se llevará a cabo en los próximos días. Tras la apertura del llamado, se anticipa un período para la presentación de ofertas seguido de una etapa de evaluación, con la expectativa de llevar a cabo la adjudicación antes de finalizar el año.
En este contexto, otros procesos avanzan en las últimas semanas. AySA ingresó al calendario formal con la licitación para ceder el 90% de las acciones estatales, manteniendo el 10% restante bajo control de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada. Se prevé que la apertura de ofertas se realice en agosto, con el objetivo de incorporar un operador estratégico con experiencia en agua y saneamiento.
La Hidrovía también ha tenido progresos, con la preadjudicación de la concesión de la Vía Navegable Troncal al consorcio de Jan de Nul y Servimagnus, tras la evaluación técnica y económica del proceso. Este corredor logístico es crucial, ya que maneja el 80% del comercio exterior argentino.
Simultáneamente, el Gobierno continúa supervisando la privatización de Intercargo, empresa estatal que brinda servicios de rampa y asistencia en tierra en aeropuertos. Este proceso busca vender el 100% de las acciones y transferir activos, contratos y licencias. Recientemente, se ampliaron los plazos de la licitación por una semana: la presentación de ofertas se extenderá hasta el 17 de junio, mientras que la apertura de los sobres será el 25 del mismo mes.
Las rutas nacionales representan otra área que el Gobierno desea desarrollar con un impacto visible. El Ministerio de Economía está avanzando en la Red Federal de Concesiones, abarcando 9000 kilómetros en tramos estratégicos, con el objetivo de que los corredores -de un total de 40.000 kilómetros- operen bajo un modelo privado, sin subsidios, con obras asociadas y mejoras en el mantenimiento.
El ámbito energético también tuvo un precedente con la venta de la participación estatal en Citelec, controlante de Transener, a Genneia y Edison Transmisión por 356 millones de dólares. Este caso se utiliza como ejemplo para demostrar el interés privado en la infraestructura regulada, y se están evaluando los activos que aún controla Enarsa, como centrales térmicas y concesiones hidroeléctricas.
Otro expediente bajo seguimiento es el de Correo Argentino. En el Gobierno se trabaja para avanzar en este proceso durante el presente año, presentándolo como una compañía con mayor margen político para ser privatizada que otros servicios públicos. En este sentido, destacan que el presupuesto de 2026 proyecta un resultado económico positivo para la empresa, así como transferencias desde el Correo hacia la Administración Nacional.
De este modo, esta agenda se integra en el plan financiero del equipo económico, buscando que las privatizaciones, concesiones, emisión de deuda, garantías de organismos multilaterales y la acumulación de reservas contribuyan a fortalecer el “colchón financiero” de cara a 2027. En el Ministerio de Economía estiman que la venta de activos y concesiones podría proporcionar los recursos necesarios para cubrir los vencimientos y mejorar la posición del Tesoro.
La única excepción notable sigue siendo Trenes Argentinos, que no está en el cronograma a corto plazo. En el Gobierno consideran que no están dadas las condiciones necesarias para impulsar una privatización integral sin un aumento significativo en la tarifa y obras claves que recuperen los servicios urbanos. Por esta razón, la prioridad ferroviaria en el corto plazo se enfoca en los servicios de carga en lugar de los de pasajeros.
