Un cambio de paradigma: experta de EE.UU. aborda el debate sobre semillas en Argentina

En el contexto del debate que protagonizan el Gobierno, los productores y la industria semillera para modificar una legislación con más de 50 años y avanzar hacia la adhesión de Argentina al tratado internacional UPOV-91, una especialista en propiedad intelectual de los Estados Unidos resaltó un cambio significativo en el sector: las posiciones se han despolarizado y los involucrados están buscando un consenso. “Se superó la grieta en esas reuniones de consenso; ya no hay posiciones polarizadas”, manifestó Pamela Echeverría, experta de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (Uspto) para Argentina, en el Agribusiness Forum de AmCham. Su afirmación se produce en un momento en que el Gobierno busca alcanzar un acuerdo entre los diferentes actores antes de presentar al Congreso un nuevo proyecto de ley sobre semillas. En esta línea, Martín Famulari, presidente del Instituto Nacional de Semillas (Inase), comentó que el proceso ha incluido una serie de reuniones que han ayudado a abordar muchas de las diferencias iniciales. “Llegamos a consenso en varios aspectos de lo que queremos lograr, y aún queda por resolver el uso propio”, aseguró Famulari. Este último tema es uno de los puntos controversiales en la discusión nacional: las condiciones bajo las cuales un productor puede reservar parte de la semilla de su cosecha para volver a sembrarla, cuándo este uso será gratuito o requerirá un pago, y qué productores podrían estar exentos. En su exposición, Echeverría también aclaró una confusión común relacionada con la discusión sobre UPOV. Explicó que la protección de una obtención vegetal y una patente son instrumentos distintos dentro del marco de la propiedad intelectual. Por lo tanto, explicó que pasar del Acta de UPOV-78, a la que Argentina está actualmente adherida, a la versión de 1991 “no implica trasladar automáticamente el sistema de patentes a las semillas”. Una de las ventajas de un sistema actualizado es ofrecer mayor previsibilidad y seguridad jurídica, aunque Echeverría resaltó que la discusión va más allá de la elección entre UPOV-78 y UPOV-91. “Más allá de las actas en sí y de las diferencias entre ellas, hay un conjunto de otros factores que inciden directamente en la previsibilidad y seguridad jurídica”, agregó. Entre estos elementos, mencionó la necesidad de una efectiva observancia de los derechos de propiedad intelectual y la existencia de mecanismos que aseguren el cumplimiento de estas reglas, alineados con las prácticas internacionales. También destacó la relevancia de los contratos entre partes como herramientas que pueden regular las relaciones entre productores, obtentores y empresas antes de que se implementen modificaciones legislativas. “A menudo, los contratos entre privados resultan ser herramientas muy eficaces”, afirmó. En este sentido, Echeverría opinó que UPOV-91 es solo un aspecto del panorama, pero no representa la solución integral: las reglas deben ser respaldadas por mecanismos que aseguren su cumplimiento y ofrezcan seguridad jurídica. Famulari explicó que el Gobierno optó por “modificar la forma en que tradicionalmente se abordó la reforma de la ley de semillas”. En lugar de elaborar primero un proyecto para luego llevar la discusión al Congreso, los funcionarios de Agricultura y el Inase invitaron a semilleros, productores, gremios y asociaciones técnicas para dialogar sobre las principales normas a establecer. “Hemos ido acercándonos, aunque lentamente, pero avanzando con certeza”, subrayó. Echeverría resumió el cambio de enfoque con una afirmación que contrasta con los debates que durante años han impedido avanzar en la legislación: “Se está buscando cómo llegar a algún tipo de acuerdo”. Actualmente, el Gobierno actúa en dos frentes relacionados, pero diferenciados. Por un lado, trabaja en la modernización de la ley 20.247, vigente desde 1973, mientras que por otro, mantiene su compromiso con Estados Unidos de enviar al Congreso antes de fines de 2027 la adhesión al Acta 1991 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV-91). Argentina se encuentra actualmente adherida al Acta de 1978. Alejandro Cacace, secretario de Desregulación del Ministerio de Desregulación y Transformación, situó la reforma del régimen de semillas como uno de los principales pendientes en la agenda de propiedad intelectual del Gobierno. Cacace había anticipado que una mayor adopción de tecnología, vinculada a mejoras en las reglas de propiedad intelectual, podría contribuir a cerrar la brecha productiva con países competidores y generar hasta 6000 millones de dólares adicionales en exportaciones. “Ya no es suficiente con resoluciones. Hay que establecer las normas por ley, y hay que hacerlo mediante un tratado”, afirmó. Anunció que el Gobierno presentará en los próximos días cinco tratados internacionales relacionados con la propiedad intelectual, que abarcarán temas como señales satelitales, microorganismos, marcas, procedimientos de patentes y diseños industriales.