El 20 de agosto del año pasado, Calle compró este inmueble, coincidiendo con la concesión de prisión domiciliaria a la expresidenta. Durante las negociaciones, mencionó que el departamento se destinaría “como sede de una Fundación”; sin embargo, en su presentación judicial no proporcionó más información sobre dicha institución.
Además, Calle transfirió la titularidad de un BMW M135 X Drive a su pareja, Federico Darío Monzón, quien también adquirió una moto de la misma marca, valorada en 20.000 dólares. En su escrito, se indicó que “fue adquirido por su pareja conviviente, quien decidió compartir con ella la titularidad registral, aunque es él quien lo utiliza personalmente”, según lo mencionado por su abogado, Slonimsqui.
Junto a Monzón, Calle fundó Grupo Vértice Global, aclarando que esta empresa estaba vinculada a un “proyecto empresarial estrictamente privado y familiar” y que no llegó a desarrollar actividad comercial efectiva.
Cuando se inició la discusión sobre la compra del departamento, Calle había negado su adquisición y desmentido cualquier relación con la UOM, argumentando: “No compré nada. Es una disputa sindical y de poder. No tengo ninguno de los roles que se me asignan, no tengo ningún cargo en la UOM y no soy empleada de USEM. Me eligieron como blanco y me están haciendo pedazos la vida”. Sin embargo, se confirmó que había sido empleada de la UOM desde abril de 2021 hasta junio de 2026, momento en el que fue despedida por el actual interventor, Alberto Biglieri, y ahora admite que es propietaria del departamento que antes negaba.
Calle también posee un dúplex de aproximadamente 170 m² en el barrio privado La Reserva de Cardales y una casa de tres plantas en Campana, justo al lado de un edificio en construcción vinculado al sindicato. Entre ambas propiedades, su valor asciende a un mínimo de 450.000 dólares, de acuerdo con inmobiliarias de la zona y fuentes oficiales.
La casa en calle Belgrano, según las imágenes aéreas, cuenta con varios ambientes y una terraza con vistas al jardín y a la piscina, aunque su fachada blanca impide ver el interior. Calle comentó que estos bienes fueron adquiridos antes de la creación de USEM S.A. y antes de firmarse el contrato con la UOM.
La semana pasada, el juez Julián Ercolini levantó el secreto fiscal de Calle y Furlán y ordenó una serie de medidas probatorias para indagar sobre su patrimonio, incluyendo solicitudes de informes a diferentes organismos, como la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Prefectura Naval.
La causa investiga una posible administración fraudulenta vinculada al contrato de 2023 entre la UOM y USEM, que gestionó los aportes de los afiliados al gremio. La empresa recibía una ganancia equivalente al 0,5% del total de los fondos, estimándose en 100 millones de pesos mensuales, de acuerdo con la denuncia.
La defensa de Calle sostiene que la contratación de USEM fue una decisión del secretariado general de la UOM y que la empresa tenía una estructura funcional, con personal, oficinas y asesoramiento externo para llevar a cabo el contrato. Además, se asegura que “el contrato no cedió a USEM S.A. la conducción económica de la UOMRA ni le permitió disponer libremente de su patrimonio”. En su presentación también se expone que el objetivo era gestionar, dentro del marco del fideicomiso UOMRA-BNA, la apertura y operación de cuentas bancarias de las seccionales y el Secretariado Nacional.
