Esta prórroga está contemplada en la Ley del Gas y en la Ley de Bases. Antes de su firma, se llevó a cabo una evaluación por parte del ENARGAS, que recomendó la renovación tras una audiencia pública y la intervención de la Procuración del Tesoro y la Sindicatura General de la Nación.
Desde el Ministerio de Energía se anunciaron varios beneficios asociados a esta resolución. Como condición, Metrogas y su compañía controladora deben retirar todos los reclamos contra el Estado, tanto a nivel nacional como internacional, aunque dos cuestiones específicas quedarán fuera de este acuerdo.
La decisión busca establecer un orden respecto a las situaciones previas, ya que el congelamiento tarifario de 2019-2020 dejó pendiente un compromiso de inversión por parte de la empresa. Esta inversión ahora se formaliza en una obligación, que asciende a 186,8 millones de dólares en obras de gas a realizar en un plazo de 10 años, con sanciones previstas en caso de incumplimiento.
Cabe destacar que dicha inversión no será trasladada a la tarifa y, al finalizar la licencia, las obras pasarán al Estado sin costo alguno. Cualquier conflicto relacionado se resolverá en tribunales argentinos, y la obligación se mantendrá vigente incluso si hay un cambio en la composición accionaria. Asimismo, la extensión de la licencia otorgará un marco regulatorio claro para los próximos 20 años, brindando a la distribuidora más grande del país un horizonte estable hasta 2047, con obligaciones definidas y sin litigios pendientes con el Estado. Esto constituye la previsibilidad necesaria para que la red de gas pueda realizar inversiones.
