Esta nueva resolución del juez fue firmada en la mañana de hoy, como respuesta a un pedido de revocatoria presentado por el Gobierno en relación a la intimación del 22 de septiembre. Al igual que en el caso anterior, Cormick advirtió al Estado nacional que debe cumplir con la cautelar o incurrirá en multas diarias.
En su fallo, el magistrado recordó que la cautelar, dictada por él en diciembre del año pasado, se mantiene vigente tras la decisión de la Corte Suprema del 25 de junio, que desestimó el último recurso gubernamental.
Cormick también se hizo eco de los argumentos del Gobierno y, al citar la Ley de Financiamiento Universitario, subrayó que la inflación acumulada desde el 1° de diciembre de 2023 hasta junio de 2026, cuando la cautelar quedó firme, ascendió a un 312,19%.
Frente a la afirmación del Gobierno de estar cumpliendo con la cautelar, aludiendo al acuerdo paritario de junio que otorgó un aumento del 21,3% y un 3% adicional en octubre, el juez calificó este cumplimiento como “parcial”.
Explicó: “No surge… respaldado que el cálculo respecto de los aumentos alcanzados y las actualizaciones de los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas haya sido efectuado del modo estipulado por la norma ponderando las variables de ajuste”, en referencia a la inflación.
Además, criticó el argumento presentado por los abogados del Gobierno, al señalar que se apoyan en elementos que ya han sido analizados y rechazados por el tribunal.
La decisión judicial fue calificada como “contundente y fundamentada” por el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci, quien es rector de la Universidad Nacional de Rosario. El CIN había promovido la acción judicial el año pasado contra el Estado nacional por incumplir dicha ley.
Sin embargo, la cautelar dictada en diciembre, que fue ratificada por la Cámara de Apelaciones en marzo y considerada de aplicación “inmediata” por su naturaleza alimentaria, se aproxima a ser la más prolongada en la historia sin aplicarse. En su momento, el fuero contencioso administrativo había suspendido la ejecución de la cautelar argumentando que el Gobierno había elevado el recurso a la Corte Suprema.
Desde el fallo de la Corte del 25 de junio, que dejó la cautelar firme tras rechazar el recurso del Gobierno, el juez ha convocado a audiencias, otorgado plazos, intimado al pago y ahora ha renovado la intimación.
La comunidad universitaria calcula que ya se debería haber depositado un aumento salarial de más del 33% para cumplir con la ley, a partir del 312,19% de inflación mencionado por el juez.
Todo este proceso judicial evoluciona en el marco de un nuevo paro universitario, que esta vez se extenderá por 72 horas, comenzando este miércoles en todas las universidades nacionales.
En tanto, se espera que en breve el juez Cormick se pronuncie sobre el fondo de la demanda presentada por el CIN, que cuestiona la validez y la plena aplicación de la Ley del Congreso, en contraste con un decreto del Gobierno que la promulga sin aplicarla, argumentando la falta de especificación de las fuentes de financiamiento.
