A fines de mayo, la IGJ, bajo la dirección de Alejandro Ramírez, había solicitado a la Superliga que presentara sus balances como parte de un proceso de veeduría destinado a revisar toda la documentación societaria, contable y financiera relacionada con su funcionamiento.
Esta medida surgió tras el incumplimiento de la entidad con los requerimientos de los veedores y las dificultades impuestas a las acciones de fiscalización. No obstante, a pesar de la posibilidad de enfrentar sanciones aún más severas, la Superliga no proporcionó la documentación requerida y solicitó una apelación ante la cámara civil para interrumpir el proceso.
Al igual que en el caso de la AFA, en el Gobierno sostienen que el recurso judicial obliga a esperar la resolución antes de poder aplicar apercibimientos adicionales o nuevas disposiciones administrativas.
Para justificar la veeduría, la IGJ argumentó que la Superliga gestionó un total de US$348 millones entre 2020 y 2024. En este contexto, el Gobierno busca determinar si hay inconsistencias entre el objeto social de la entidad y sus actividades, revisar las decisiones económicas y financieras de sus direcciones y analizar la relación económica con la AFA, además de examinar los estados contables y financieros desde 2017 hasta la fecha.
Asimismo, se solicitó verificar “la eventual relación que pudiera existir, o las operaciones que pudieran haber sido concertadas por la entidad” con diversas firmas actualmente bajo la lupa de la Justicia por presunto desvío de fondos y lavado de dinero, entre ellas TourProdEnter LLC y el Grupo Sur Finanzas, junto a sus responsables: Javier Faroni, Erica Gillette y Ariel Vallejo.
Mediante la apelación ante la Justicia, la Superliga, que actualmente depende de la AFA y fue creada inicialmente para gestionar los contratos de televisación del torneo local entre 2017 y 2020, logró ganar tiempo mientras avanza en paralelo en una serie de causas en los tribunales que involucran a la cúpula del fútbol argentino.
Por un lado, el Gobierno ha promovido una investigación a través de ARCA por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, que ascendería a $19 mil millones. A esta causa se le suma la indagación sobre una mansión en Pilar, sospechada de pertenecer al Tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
Simultáneamente, la Justicia investiga los contratos de la AFA con TourProdEnter, encargada de los negocios de la Asociación en el exterior, que habría desviado más de US$40 millones a empresas en Estados Unidos sin empleados ni actividad declarada.
