El Gobierno nacional confirmó que el Código Procesal Penal Federal comenzará a aplicarse en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata desde el 21 de septiembre, mientras que su implementación en Córdoba fue nuevamente aplazada y quedó prevista para el 8 de marzo de 2027, de acuerdo con la Resolución 275/2026 publicada en el Boletín Oficial.
La reforma establece un sistema acusatorio que modifica el funcionamiento de los procesos penales: los fiscales pasan a tener a cargo la investigación y la conducción de los casos, mientras que los jueces quedan como responsables de controlar la legalidad de las actuaciones. El nuevo esquema busca reducir los tiempos judiciales mediante audiencias orales, mayor incorporación de herramientas digitales y una separación más clara de funciones.
La puesta en marcha en La Plata se definió a partir de los avances en infraestructura, la incorporación de tecnología y la capacitación del personal judicial. Entre las herramientas previstas para el nuevo sistema se encuentran equipos UFED para el análisis de evidencia digital y salas de audiencias adaptadas con tecnología audiovisual y sistemas de conectividad.
La jurisdicción de La Plata abarca una extensa zona de la provincia de Buenos Aires e incluye áreas estratégicas como el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y los puertos de La Plata y Dock Sud. La fecha de inicio había sido modificada en distintas oportunidades: primero estaba prevista para mayo, luego para noviembre, hasta quedar finalmente fijada para septiembre.
En Córdoba, en cambio, la aplicación del nuevo Código Procesal Penal Federal volvió a demorarse. El cronograma inicial contemplaba su implementación en junio de 2026, pero la fecha fue trasladada a marzo de 2027 debido, entre otros factores, a la existencia de vacantes en tribunales federales y a la situación institucional de la Cámara Federal de esa provincia.
Desde el Ministerio de Justicia sostienen que el sistema acusatorio ya implementado en otras jurisdicciones tuvo resultados positivos. Según cifras oficiales, la resolución de casos pasó del 43% al 82%, en un modelo que prioriza la oralidad, la rapidez de los procedimientos y una mayor intervención de las víctimas durante las investigaciones y audiencias.
