El tribunal, encabezado por Alejandro López, llevó a cabo la jornada de alegatos el martes en el Tribunal Oral Criminal Nº2 de San Nicolás. Las fiscales, María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, pidieron la pena de diez años, además de la revocación del arresto domiciliario de Cabaleyro, quien se encuentra en esa condición desde 2022, y la prohibición de ocupar cargos públicos. En el momento de su detención, el sindicalista era concejal por el Frente para la Victoria.
De acuerdo a información local, se considera como evidencia que Cabaleyro amenazó a los empresarios Ariel y Gustavo Rey con suspender sus operaciones a menos que cumplieran con pagos exigidos. Las fiscales sostuvieron que los bloqueos fueron actos de extorsión y no parte del ejercicio legítimo del derecho a huelga. La distribuidora sufrió dos bloqueos en 2021: el primero el 15 de enero, y el segundo, que se prolongó entre el 22 y el 26 de febrero. Los dueños denunciaron extorsiones por parte de Cabaleyro y otros sindicalistas desde 2017. En 2022, Cabaleyro fue detenido junto a Fernando Espíndola, un miembro del sindicato que decidió no ser juzgado en la misma instancia, tras aceptar un acuerdo por el cual podría recibir hasta seis años de prisión.
La defensa de los empresarios está a cargo de la senadora bonaerense Florencia Arietto, quien ha solicitado que la pena se eleve a 15 años, el máximo estipulado por la ley. “No puede ser que utilicen una herramienta legal para cometer un delito”, enfatizó Arietto durante la audiencia.
En representación de Cabaleyro, su abogado Mauricio Gugger argumentó que el caso carece de fundamentos y describió los hechos como una “novela fantástica” orquestada por la familia Rey. Aseguró que no se pudo establecer de manera fehaciente el contexto de las amenazas y mencionó contradicciones en los testimonios presentados. Gugger aseguró que “la única forma de protestar” para los sindicalistas era manifestarse a la entrada de la empresa y defendió la inocencia de su cliente al aducir que no se le impidió a los dueños de la firma trabajar. Resaltó que un pago de $500.000 que se menciona corresponde a una deuda de aportes y no a un hecho extorsivo.
Otra de las abogadas de la defensa, Analía González, reafirmó los argumentos de Gugger, señalando que en un audio presentado durante el juicio no se escucha a Cabaleyro exigir dinero. Se destacó que la intención de Cabaleyro era la reinstalación de un empleado despedido y el reconocimiento de horas nocturnas no remuneradas.
Entre los testimonios realizados, se presentó el del intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, quien afirmó que intentó mediar en la controversia en 2022, aunque no pudo confirmar que los sindicalistas bloquearan el acceso a la empresa. Ariel Rey, por su parte, es actualmente un político opositor a Salazar, habiendo ganado las elecciones del Concejo Deliberante en 2025.
Tras las detenciones de Cabaleyro y Espíndola, el sindicato de Camioneros realizó un bloqueo en los accesos a San Nicolás que afectó la recolección de residuos y el ingreso de mercancías a la ciudad. Junto a Cabaleyro, se juzga a seis exempleados de la distribuidora, quienes enfrentan acusaciones de turbación de la propiedad. La fiscalía ha requerido para ellos penas de ejecución condicional, mientras que los ex empleados llegaron al juicio en libertad, a diferencia de Cabaleyro y Espíndola, quienes han estado bajo arresto domiciliario.
