La intención es que la propuesta sea tratada a la brevedad, considerando que la lucha contra el delito será uno de los pilares de la campaña presidencial de 2027.
El proyecto cuenta también con el respaldo de diputadas libertarias como Laura Rodríguez Machado, Johanna Longo, Gladys Humenuk, Giselle Castelnuovo y Gabriela Flores; de Carolina Basualdo del bloque Provincias Unidas; de Nancy Picón Martínez de Producción y Trabajo; de Gladys Mendoza, de Tucumán; y de la radical Pamela Berasay.
Entre los aspectos fundamentales de la iniciativa se establece que la acción penal no perderá su vigencia en casos donde haya condena a prisión perpetua por delitos contra la integridad sexual. Para ello, se propone una modificación al artículo 65 del Código Penal, indicando que “la acción penal no prescribe para los delitos sancionados con pena de prisión perpetua”.
Asimismo, la propuesta eleva de 12 a 15 años el plazo de prescripción de causas penales por delitos contra la integridad sexual. Además, sugiere incrementar las penas por abuso sexual a menores de 13 años, estableciendo un rango de 1 a 6 años en ciertos casos, de 4 a 12 años cuando los abusos impliquen un sometimiento agravado, y de 6 a 20 años en situaciones de violación.
Respecto de los abusos contra adolescentes de entre 13 y 16 años, el proyecto plantea que se refuercen las penas a un mínimo de 3 años y un máximo de 10 años, según el caso, prohibiendo su excarcelación en determinados supuestos.
En sus fundamentos, Gallardo destacó que “las modificaciones propuestas responden a la necesidad de dotar de mayor coherencia al sistema, adecuar sus disposiciones a la gravedad de los delitos involucrados y nuestra decisión es evitar que el mero transcurso del tiempo, en determinados supuestos especialmente graves, pueda frustrar definitivamente la actuación de la Justicia”.
“En términos simples: si para determinados delitos el propio Código Penal establece la pena más grave de todo el sistema, no resulta coherente que el Estado pierda para siempre la posibilidad de perseguirlos simplemente porque pasó el tiempo”, añadió.
La diputada también enfatizó que “la gravedad reconocida por la ley debe guardar correspondencia con la posibilidad efectiva de que la Justicia actúe”.
“Por la decisión de hacer justicia proponemos incorporar el artículo 65 bis del Código Penal y modificar el artículo 65, estableciendo la imprescriptibilidad de la pena correspondiente a los delitos sancionados con prisión perpetua”, concluyó.
