En el informe del tercer mes del año, se evidenció un impacto significativo de los sectores de Educación y Transporte. El primero se debe en gran parte a factores estacionales, ya que se relaciona con el inicio del ciclo lectivo, mientras que el aumento en transporte se explica principalmente por el incremento en los precios de combustibles, transporte público y pasajes aéreos, en su mayoría a raíz del conflicto en Medio Oriente.
En este contexto, varios expertos han alertado que el efecto del alza en los precios de los combustibles no se reflejó en su totalidad durante marzo, lo que sugiere que también podría manifestarse en la inflación de abril.
Según estimaciones de Eco Go, desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, los combustibles han aumentado un 23%, pero aún queda un impacto residual de cerca del 10% que se verá en abril.
Para mayo se añadirá un nuevo factor significativo: el incremento del 5,4% en las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), marcando el mayor ajuste del año. Con el dato de inflación de marzo más un 2% adicional, se actualizarán las tarifas para los colectivos en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires el próximo mes.
A partir de mayo, el pasaje mínimo en las líneas que operan en la Ciudad de Buenos Aires se elevará a $754 con la tarjeta SUBE registrada, mientras que en la provincia serán $918.
Finalmente, otro aspecto crucial que impactará en los próximos meses son las tarifas de los servicios energéticos. Como se detalló, el Gobierno ha comenzado a realizar las primeras compras de gas por barco para satisfacer la demanda invernal.
La administración de Javier Milei ha decidido que este año la estatal Enarsa no participará en la importación, regasificación y comercialización de GNL que el país aún requiere para el invierno. Se estima que se necesitarán alrededor de 20 buques con GNL este año, a un costo aproximado de US$20 por millón de BTU, comparado con el año pasado, cuando se solicitaron 27 buques a un precio cercano de US$15 por millón de BTU.
Ante esto, el Gobierno lanzó una licitación que resultó en un casi empate técnico entre dos compañías. En los próximos días, la Secretaría de Energía decidirá cuál de estas tomará la responsabilidad de la operación, o si bien, Enarsa continuará con la misma. La intención de la Secretaría de Energía es seleccionar la oferta más favorable para evitar elevaciones drásticas en las tarifas de gas que puedan repercutir en la inflación, sin comprometer la eficiencia del servicio.
