Carrió, quien presentó la denuncia inicial, argumenta que hay “circunstancias objetivas capaces de generar una duda razonable acerca de la apariencia de imparcialidad que debe rodear la actuación de todo tribunal”.
El pedido se entregó a la Cámara de Casación, justo un día antes de una audiencia crucial programada para este miércoles a las 11.30, que anticipa la decisión del tribunal sobre el futuro del caso que, en un corto período de ocho meses, ha tenido ya cuatro magistrados diferentes.
Los propietarios formales de la quinta, un monotributista y su madre jubilada, han esforzado sus recursos para hacer que el caso sea trasladado al juzgado federal de Campana, bajo la responsabilidad del juez Adrián González Charvay. Estos son Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, quienes figuran como dueños del terreno aunque sus antecedentes económicos no justifican tal propiedad.
Después de conseguir que el caso se mantenga en Campana, la Cámara en lo Penal Económico revirtió esa decisión y devolvió la investigación a su fuero. La cuestión fue entonces elevada a la Cámara de Casación, que inicialmente había decidido no involucrarse, pero permitió la revisión del caso ante una nueva presentación de los investigados, con el apoyo del juez Mariano Borinsky y Barroetaveña.
Esencialmente, la solicitud de la Coalición Cívica exige que Barroetaveña, quien dejó su cargo en el Tribunal de Ética de la AFA en noviembre del año pasado, se abstenga de participar en esta causa.
“Lejos de tratarse de un vínculo circunstancial, una coincidencia social o una relación académica con alguno de los involucrados, documentos de la propia Asociación del Fútbol Argentino demuestran una vinculación institucional directa, estable y reciente: desde diciembre de 2021 hasta fines de diciembre de 2025, el Dr. Barroetaveña fue parte del Tribunal de Ética de la AFA, primero como Vicepresidente y luego como Presidente”, afirma la presentación.
El documento también destaca que Barroetaveña, en su rol de presidente de ese tribunal, intervino en un expediente interno denominado “Claudio Tapia s/PEP”, donde se evaluó si el líder de la AFA debía ser considerado una persona políticamente expuesta.
Carrió ha solicitado que, en caso de que su petición sea desaprobada, se notifique al fiscal de la Casación para que evalúe la participación de Barroetaveña en el expediente relacionado con la quinta. También se pide que se elabore un informe sobre el camarista y su participación en actividades sociales en la estancia de Villa Rosa, adquirida en 2024 por Real Central S.R.L., que es objeto de la causa.
En febrero pasado, un juez de la Casación, Carlos “Coco” Mahiques, que es padre del ministro de Justicia, celebró su cumpleaños en la quinta en cuestión. A esta celebración asistieron varios miembros del Poder Judicial.
La Caasación debía participar en el caso, y esta revelación condujo a la renuncia inmediata de Mahiques al cargo de subrogante que ocupaba en la sala, lo que evitó su votación. No obstante, el juez optó por no comentar su relación con los investigados, argumentando que su renuncia se debió únicamente a la carga laboral acumulada.
