Hasta el momento, se ha determinado que en la planta La China, ubicada en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, han sido despedidos cerca de 480 de un total que el sindicato estima en aproximadamente 930 trabajadores. En la provincia de Buenos Aires, donde se lleva a cabo una audiencia entre el sindicato y representantes de la empresa, se calculan alrededor de 1250 despidos: unos 750 en Capitán Sarmiento, 450 en Wade 2 (Esteban Echeverría) y otros 50 en Pilar.
A finales de mayo, GTA suspendió operaciones en la planta La China, en Concepción del Uruguay, y luego comenzó con los primeros despidos. Julio Chamorro, secretario general del STIA, explicó que la empresa justificó los despidos en esta planta bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, alegando razones de fuerza mayor o reducción de la carga laboral no atribuible al empleador. Esta norma estipula que cuando se verifique fuerza mayor o disminución de trabajo no imputable al empleador, el trabajador tiene derecho a una indemnización equivalente a la mitad de la que correspondería en un despido sin causa. También establece criterios relacionados con la antigüedad y las cargas familiares para definir el orden de las desvinculaciones.
A fines de agosto, la empresa confirmaba, además, la paralización “transitoria” de las plantas en Pilar, Capitán Sarmiento y Esteban Echeverría. Chamorro afirmó que “el despido es improcedente e ilegal, porque la empresa se apoya en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo invocando fuerza mayor. El argumento de esa fuerza mayor es inválido: todo es riesgo empresarial lo que invocan”. En sus justificaciones, la empresa mencionó la reducción de exportaciones, las repercusiones de la gripe aviar y una supuesta sobreoferta en el mercado interno. El dirigente del sindicato desestimó estos argumentos, indicando que la disminución en las ventas de exportación es un riesgo empresarial y que otros actores del sector también han enfrentado las consecuencias sanitarias de la gripe aviar. Además, cuestionó la existencia de una sobreoferta en el consumo, afirmando que este sigue creciendo gracias a que el pollo ha sido beneficiado por la pérdida del poder adquisitivo y el descenso en el consumo de carne vacuna. “Lo hacen solamente para intentar pagar la mitad de las indemnizaciones”, argumentó Chamorro sobre la decisión de recurrir al artículo 247.
El conflicto se torna más complicado, pues, según el sindicato, los trabajadores han acumulado varios meses de salarios pendientes. Chamorro destacó que hay deudas correspondientes a parte de abril y a los sueldos de mayo, junio, julio y agosto, además del aguinaldo. “El que se supone que sigue trabajando o sigue en relación de dependencia con una planta cerrada y sin cobrar, y el que está despedido, están en las mismas condiciones: despedidos sin cobrar indemnización, sin cobrar salario, sin cobrar nada”, describió.
Para Chamorro, las desvinculaciones podrían ocultar un intento de la empresa por reducir sus obligaciones laborales ante una posible reestructuración más profunda de sus deudas. “Lo único que podemos entender es un intento, una maniobra absolutamente ilegal y artera de alivianar un posible concurso de acreedores”, sostuvo. Hasta el momento, no hay información oficial de la empresa sobre una solicitud de concurso.
A pesar del enfrentamiento actual, desde el sindicato aseguraron su disposición a evaluar alternativas que permitan mantener la actividad en caso de que surja un inversor o un esquema viable que facilite la reanudación de las operaciones. Chamorro agregó que han propuesto
