El mensaje de las empresas se produce en respuesta al discurso emitido por el presidente argentino anoche, en el que abordó el tema de las sanciones. En el texto, las compañías sostenían que las licencias para operar en las islas fueron “legalmente otorgadas” por el gobierno británico y minimizaron las posibles repercusiones de cualquier medida sancionatoria que pudiera provenir de Argentina.
“No se espera que los recientes acontecimientos (refiriéndose a las declaraciones de Milei) tengan efectos materiales en las actividades del proyecto de Sea Lion, incluido el calendario para completar su desarrollo”, señalaron.
Este pronunciamiento se presenta como un desafío a Milei y se suma a las declaraciones de funcionarios británicos, entre ellos el ministro de Defensa, Wes Streeting, y el ministro de Exteriores, Ed Milband, quienes reafirmaron la posición de Londres respecto a la soberanía en las islas, considerada “inamovible”.
Las compañías mencionadas se encontraron en el centro de la controversia luego de que el presidente argentino anunciara posibles sanciones. Sin embargo, ya existían normativas que preveían penalidades para ellas, ya que Argentina ya había sancionado a Rockhopper en 2013 y a Navitas en 2022, sin que las petroleras y el gobierno británico alteraran sus operaciones, las cuales se intensificaron especialmente en los últimos dos años, periodo en el que el gobierno de Milei se había mostrado desatento ante la cuestión que ahora vuelve a cuestionar.
Por otra parte, el escenario no se limita a estas dos empresas; en las islas también cuentan con licencias exploratorias la petrolera británica Borders & Southern y la canadiense JHI.
Navitas y Rockhopper están involucradas en el yacimiento Sea Lion, donde realizan exploraciones. De avanzar esta fase, se iniciaría la extracción de petróleo por primera vez desde que el Reino Unido ocupa el archipiélago desde 1833.
En su discurso, Milei afirmó que buscará inhabilitar a toda empresa que opere en territorio argentino y que esté vinculada al yacimiento de Malvinas sin la autorización pertinente del país. Anunció la firma de un decreto para acelerar las sanciones contra las empresas en cuestión, así como a sus accionistas, directivos y proveedores. Además, mencionó su intención de presentar un proyecto de ley en el Parlamento que endurecería las penas para estas firmas, impidiendo su operación en el territorio continental argentino y sometiéndolas a juicios en ausencia. También adelantó que se buscarán sanciones para otras actividades en Malvinas, que incluyen la pesca, el turismo de cruceros y la ganadería ovina.
