La decisión de reabrir el recurso y analizar la situación fue tomada por los jueces Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, con la disidencia de Alejandro Slokar. Este intrincado asunto de competencia, que se ha extendido por más de siete meses, ha paralizado el avance de los procesos contra la influyente dirigencia de la AFA, un hecho poco común en el ámbito judicial.
La explicación de esta situación radica en el poder de los involucrados, quienes han logrado frenar casi todos los expedientes. Las causas han pasado por tres juzgados federales, dos juzgados penales económicos y tres cámaras de apelación, involucrando a un total de 13 magistrados en siete meses, sin que se haya tomado declaración a ningún indagado.
Solo ha proseguido el caso de apropiación indebida de aportes, en el que el juez Diego Amarante procesó tanto a Tapia como al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Esta decisión fue ratificada por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, y ahora se encuentra bajo la revisión de la Cámara de Casación.
Barroetaveña y Borinsky abrieron un recurso de queja presentado por los presuntos testaferros de la AFA en la adquisición de la mansión en Pilar, cuestionando la decisión de la Cámara Nacional en lo Penal Económico que había resuelto mantener la causa en dicho fuero.
La Cámara de Casación ha programado una audiencia para el 12 de agosto, posterior a las vacaciones de invierno, para decidir si la causa continúa en el fuero penal económico o si se remite de nuevo al juez federal de Campana, Adrián González Charvay, como es el deseo de los acusados.
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, con el voto afirmativo de Barroetaveña y Borinsky, consideró pertinente revisar la competencia en este caso relacionado con la verdadera titularidad de la propiedad en Pilar.
Por su parte, la Cámara en lo Penal Económico había determinado que la causa regresara a Campana y se tramitara en el juzgado de Verónica Straccia, pero Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, quienes figuran como propietarios de la mansión, insistieron con un recurso de casación que fue originalmente rechazado, pero ahora han presentado una queja que ha sido admitida.
De esta manera, la Cámara Federal de Casación Penal tendrá la oportunidad de examinar lo ya decidido y establecer cuál tribunal será competente para llevar a cabo la investigación. Slokar, que disiente, ha dejado constancia de su posición en este aspecto.
La audiencia fijada para escuchar a los abogados se llevará a cabo el 12 de agosto, después de la feria judicial de invierno.
La Coalición Cívica formuló la denuncia sobre la existencia de la mansión en Pilar y sus supuestos nexos con Pablo Toviggino hace siete meses y medio. El caso había comenzado a avanzar bajo la dirección del juez Daniel Rafecas, junto a su colega Marcelo Aguinsky, quienes realizaron allanamientos y secuestraron 50 automóviles de lujo y elementos relacionados con Toviggino.
No obstante, la situación se complicó cuando la defensa de los presuntos testaferros trasladó la causa a la justicia federal de Campana, iniciando una disputa por la competencia sobre la mansión tasada en 25 millones de dólares, que cuenta con un helipuerto y una pista ecuestre.
En medio de estos acontecimientos, se reveló que un juez de la Cámara de Casación, Carlos Mahiques, padre del actual ministro de Justicia, supuestamente celebró su cumpleaños en la mencionada mansión.
A pesar de un resurgimiento en el caso tras la resolución de la Cámara Nacional en lo Penal Económico que mantuvo la causa bajo la jueza Straccia, un nuevo planteo de competencia desde la Justicia Federal de Campana complicó nuevamente la situación, lo que ha llevado a la intervención de la Cámara Federal de Casación. Cabe señalar que González Charvay es el juez elegido por los investigados, vinculados a la AFA, con la esperanza de que su caso sea tratado de manera más favorable.
