En el interior del establecimiento se encontraban cajas con jeringas sin usar, mascarillas, batas desechables estériles, suero fisiológico, alcohol en gel y incluso una heladera y un tubo de oxígeno. Este centro, ubicado en el kilómetro 46 del Acceso Norte (ramal Pilar), fue el escenario donde el gobierno de Buenos Aires anunció en mayo de 2021 que se había alcanzado el tercer millón de dosis de vacunas contra la Covid administradas en la provincia. Durante ese periodo, la adquisición y distribución de las vacunas a las provincias dependía del Ministerio de Salud de la Nación, junto a los ministerios provinciales que las asignaban a los municipios. La provisión de insumos variados dependía tanto de la Nación como de las provincias, a través de donaciones o compras.
En 2017, una investigación judicial vinculada a un caso de lavado de dinero que involucraba a los dueños de la firma Pilar Bicentenario -que poseía el terreno donde planeaban desarrollar un complejo con estacionamiento de cinco pisos- resultó en que el manejo del predio pasara al Estado nacional. En 2020, este fue cedido a la municipalidad para que lo utilizara como centro de vacunación, función que comenzó a desempeñarse en abril de 2021. En 2022, un juzgado federal ordenó al Estado llevar a cabo una orden de 2023 para restituir el terreno a su propietario original, quien fue sobreseído este año; el Ministerio Público Fiscal presentó una apelación. Tanto la municipalidad como el ministro de Salud bonaerense brindaron explicaciones en redes sociales tras la divulgación del desperdicio de estos insumos esenciales para la salud pública.
Nicolás Kreplak argumentó: “El 13 de marzo de 2025, de manera repentina, la Justicia desalojó el predio donde operaba el vacunatorio, dejando atrás elementos de trabajo, vacunas y otros insumos necesarios. Durante más de un año, ese lugar estuvo bajo custodia para cumplir con la orden judicial de devolver la propiedad a sus dueños y terminar con la cesión al municipio, lo que impidió el retiro de los elementos”.
Asimismo, la intendencia, liderada por Federico Achával, confirmó que también funcionaba en el lugar una oficina de licencias de conducir, por lo que se halló información personal de los usuarios. De acuerdo a fuentes del sector judicial, el contenedor que albergaba dicha documentación fue objeto de vandalismo.
El juzgado federal que dictó la orden de restitución del inmueble también autorizó el año pasado a la Municipalidad de Pilar a retirar bienes que pudiera demostrar como propios, mediante la supervisión de fuerzas de seguridad, asegurando que no se vulneraran derechos de terceros ni se causaran perjuicios. Tras el informe de los medios, el exconcejal Matías Yofe presentó una denuncia penal ante la Justicia solicitando una investigación sobre la “presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negligencia en la custodia de bienes y documentación sensible”.
Yofe demandó la “incautación preventiva” de los insumos para esclarecer los hechos y proteger derechos ciudadanos, habiendo recayó la denuncia en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1, cuyo fiscal, Raúl Casal, ordenó un allanamiento que fue llevado a cabo por agentes de las policías científica y ecológica de la provincia de Buenos Aires. Estos determinaron que los insumos corroborados no eran utilizables y debían ser tratados como residuos patogénicos. Según información disponible, se labraron actas y, con la debida autorización judicial, se dispuso el traslado de esos elementos a uno de los hospitales principales de Pilar para su adecuado tratamiento en el sistema municipal de residuos peligrosos.
Desde la gestión actual, se inicializó el desconocimiento sobre el destino de esos residuos. Tampoco se brindó respuesta sobre si la Secretaría de Salud de Pilar estaba informada sobre el trabajo realizado por la empresa responsable de la recolección, transporte y disposición final de residuos patogénicos en hospitales.
Fuentes judiciales indicaron que existían las pruebas necesarias para continuar la investigación pese a la destrucción de ciertos elementos. A diferencia de lo que evidencian las imágenes del informe, se señaló que la cantidad de insumos trasladados podría caber en una caja de camioneta policial. Se había mencionado que el volumen total encontrado requeriría alrededor de 300 bolsas de consorcio para su traslado. Hasta el momento, no hubo respuestas desde el Ministerio de Seguridad provincial ni del área de Ambiente.
Yofe, al ser consultado, confirmó que tras el allanamiento realizó otra presentación judicial buscando información sobre el registro de lo retirado, los responsables de definir el destino de los insumos, así como el paradero final de la documentación.
“Estas acciones -consideró- son esenciales no solo para determinar el destino de los elementos, sino también para asegurar que aquellos que podrían ser riesgosos para la salud pública reciban el tratamiento adecuado y que la documentación que contenga datos personales esté debidamente protegida. Se trata de bienes y datos relacionados con servicios públicos que requieren responsabilidad y una adecuada trazabilidad, siendo cruciales para determinar responsabilidades”.
En el Concejo Deliberante de Pilar, la situación respecto a la documentación y la pérdida de insumos médicos también generó reacciones. La concejal Analía Leguizamón presentó un proyecto de pedido de información a las secretarías de Gobierno, Salud y el área de licencias de conducir.
“Además de determinar la responsabilidad del abandono del exvacunatorio, también hay que considerar la posible infracción a la ley de protección de datos personales por parte de funcionarios de Pilar
