El Programa de Exención de Visas, conocido en inglés como Visa Waiver Program, permite a los ciudadanos de los países adheridos ingresar a Estados Unidos sin tramitar visa, por períodos de hasta 90 días con fines turísticos o de negocios. En lugar de la visa, los viajeros deben obtener una autorización electrónica mediante el sistema ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Este programa, gestionado por el Departamento de Seguridad Nacional, incluye actualmente 42 países, todos ellos en Europa, Asia-Pacífico y América, siendo Chile el único representante de América Latina. Para formar parte de este programa, los países deben cumplir estrictos requisitos de seguridad, intercambio de información y mantener tasas de rechazo de visas bajas.
Argentina formó parte del Programa de Exención de Visas desde el 8 de julio de 1996, convirtiéndose en el primer país de América Latina en acceder al beneficio, hasta su exclusión el 21 de febrero de 2002. La razón detrás de esta exclusión fue la grave crisis económica de diciembre de 2001, que según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, configuró una “emergencia económica” con un aumento significativo de argentinos que ingresaban al país mediante el programa y permanecían de forma irregular una vez vencidos los 90 días. Esta situación habilitó la suspensión inmediata de Argentina, que junto a Uruguay, excluido en abril de 2003, son los únicos países que han perdido este beneficio.
La sección 217 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad regula el Programa de Exención de Visas. Para que un país sea beneficiario, debe emitir pasaportes electrónicos con datos biométricos; informar sobre el robo o la pérdida de pasaportes en un plazo de 24 horas; verificar contra las bases de INTERPOL a las personas que ingresan; aceptar la repatriación de nacionales con orden firme de expulsión en un plazo de tres semanas; y establecer acuerdos de intercambio de información sobre viajeros que puedan representar una amenaza. Además, se requiere que el director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos realice una evaluación independiente sobre el riesgo terrorista en el país candidato y su capacidad de intercambio de información.
Otro importante requisito es que la tasa de rechazo de visas de visitante no puede ser superior al 3% durante el último año fiscal completo. Según datos recientes del Departamento de Estado, Argentina cerró el año fiscal 2024 con un 8,90% y un 7,47% en 2025.
Detrás del concepto de “compartir información” se encuentran dos instrumentos bilaterales concretos. El primero es la iniciativa HSPD-6, establecida por la Directiva Presidencial de Seguridad Interior 6, firmada el 16 de septiembre de 2003 por el presidente George W. Bush tras los ataques del 11 de septiembre de 2001. Este acuerdo, negociado entre la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado y el Terrorist Screening Center del FBI, permite a los países aliados proporcionar las identidades de personas consideradas sospechosas de ser terroristas. Los datos, depurados de información clasificada, se incorporan a una base de datos que es utilizada para verificar las solicitudes de ESTA. Entre 2008 y 2015, los países del programa transfirieron información sobre aproximadamente 9.000 terroristas conocidos o sospechosos, de los cuales 3.500 eran desconocidos hasta ese momento para las autoridades estadounidenses.
El segundo es el acuerdo PCSC —Preventing and Combating Serious Crime—, basado en una ley estadounidense de 2007. Funciona mediante consultas individuales, donde Estados Unidos envía huellas dactilares para verificar antecedentes de delitos graves, recibiendo solo un “sí” o un “no” como respuesta automática. En caso de coincidencia, se comparten los datos biográficos correspondientes y las huellas sin coincidencias son destruidas.
Desde 2022, el Departamento de Seguridad Nacional ha añadido un tercer instrumento, el Enhanced Border Security Partnership, que tiene un alcance más amplio y se encuentra en fase de negociación con la Unión Europea.
Un antecedente crucial se remonta a agosto de 2015, cuando el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos determinó que no solo era suficiente con firmar acuerdos, sino que los mismos debían ser implementados efectivamente para permanecer en el programa, según lo documentó la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno.
El 28 de julio de 2025, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, firmaron un Acuerdo Administrativo de Verificación Electrónica y un Memorando de Cooperación SAFE, anunciando oficialmente el inicio del proceso de ingreso al Visa Waiver. Hasta el momento, no se ha hecho público el anuncio de la firma de instrumentos bajo HSPD-6 o PCSC.
En relación con las capacidades de detección de terroristas y la transmisión de información a Estados Unidos, se consultó al doctor Juan Félix Marteau, abogado especializado en la materia. Marteau fue responsable del diseño del primer proyecto de ley para combatir el terrorismo y su financiamiento en el país, y ha trabajado con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en este ámbito.
— ¿Cuál es la relación entre el otorgamiento de una Visa Waiver y el problema del terrorismo? —preguntó. — Estados Unidos, como gran potencia política, tiene la capacidad de plantear sus necesidades de seguridad nacional en todas las relaciones internacionales. Después de los atentados del 11 de septiembre, la información sobre amenazas terroristas se convirtió en un asunto central. Se comprobó que las agencias de inteligencia estadounidenses contaban con información sobre los atacantes pero no supieron compartirla ni analizarla adecuadamente para prevenir los ataques. Desde ese momento, Estados Unidos ha comprendido que su seguridad nacional depende también del compromiso de otros países en el ámbito global. A medida que el terrorismo se ha vuelto más complejo, abarca no solo el ataque físico, sino también el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, así como la migración y la llegada de combatientes terroristas a países cercanos a su territorio. En este contexto, es evidente que para el estado argentino, cumplir con los requisitos de detección de terroristas es fundamental para acceder a la Visa Waiver.
Al ser preguntado acerca de las acciones realizadas por Argentina en materia de terrorismo durante el tiempo en que no gozó de la Visa Waiver, Marteau manifestó que se preocupa más por lo que el país ha hecho en defensa de sus propios intereses. Considera que Argentina ha enfrentado dificultades para tratar el terrorismo como un problema de interés nacional y ha respondido a presiones internacionales creando mecanismos poco efectivos.
El especialista subrayó que Argentina es el único país de la región que ha sufrido dos ataques terroristas en Buenos Aires —la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994— ambos impunes. A su juicio, es sorprendente que estos hechos no hayan generado una reacción institucional contundente para prevenir futuros ataques.
Marteau recordó que hasta 2007 no se legisló en el país sobre el terrorismo y su financiación, y que la discusión en el Congreso estuvo marcada por ideologías que dificultaron la comprensión del nuevo fenómeno del terrorismo internacional.
Luego analizó el contexto posterior, mencionando que el “peor progresismo garantista” desmanteló los servicios de inteligencia y promovió acuerdos con Irán, país señalado por la Justicia Argentina como responsable de los ataques. Bajo la gestión de Mauricio Macri, se creó el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), diseñado para cumplir con el GAFI, el cual no tenía conexión con información de inteligencia y resultaba ineficaz. Durante el gobierno de Alberto Fernández, se llegó al extremo de ocultar la identidad de agentes de inteligencia en causas judiciales, lo que ponía en riesgo su seguridad.
“El intercambio de información entre un país líder como Estados Unidos y Argentina, una nación con influencia regional, requiere de confianza”, recalcó Marteau. Considera que el reto es mantener una relación que aporte beneficios mutuos.
Marteau destacó que la conexión personal entre el presidente Javier Milei y el expresidente Donald Trump podría crear condiciones inusuales para alcanzar beneficios compartidos, a pesar de la asimetría de poder. Asegura que el actual gobierno ha valorizado el concepto de orden, esencial para alcanzar la libertad, el bienestar y el desarrollo, influyendo directamente en las relaciones con otros países en el ámbito de la seguridad.
Recordó que durante la visita de Noem se firmaron el Acuerdo Administrativo de Verificación Electrónica y el Memorando de Cooperación SAFE. Además, mencionó que, con el apoyo del FBI, la Secretaría de Inteligencia de Estado creó el Centro Nacional Antiterrorista (CNA), destinado a coordinar los esfuerzos nacionales y mejorar la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo, lo que considera que representa una alineación con los requerimientos del programa estadounidense.
El especialista concluyó que a Estados Unidos no solo le importa que se establezcan las estructuras requeridas, sino que estas sean efectivas. “Mostrar quiénes son los amigos está bien, pero la eficacia en el control de las amenazas es lo que realmente cuenta”, enfatizó. Según él, en países como Argentina, que enfrentan múltiples desafíos, esta efectividad solo se logra con incentivos significativos, incluyendo la percepción de que el país es más seguro al compartir información sobre amenazas. La capacitación de los funcionarios para el intercambio de información es fundamental, pero lo más relevante es que se sientan parte del proceso y comprometidos con las necesidades nacionales.
“Desde el punto de vista argentino, es una oportunidad para que nuestros servicios de inteligencia dejen atrás la percepción negativa y se conviertan en una institución profesionalizada, esencial para la protección de los intereses del país”, concluyó.
