Durante una entrevista, el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, expresó que la iniciativa busca garantizar que el incumplimiento de las normas de convivencia tenga consecuencias. “Son acciones que venimos realizando en la Ciudad para que aquel que no cumpla la ley tenga consecuencias, para seguir ordenando la ciudad y, en definitiva, darle una mejor calidad de vida a los porteños”, afirmó.
La propuesta deberá ser analizada y votada por la Legislatura. El funcionario detalló que la reforma se articula en cuatro ejes: la modificación de la edad de responsabilidad, la inclusión de nuevas contravenciones, el aumento de sanciones y la eliminación de alternativas a las penas.
Tapia se mostró optimista sobre la posibilidad de que la reforma sea aprobada, señalando que “el debate va a ser rico, donde va a dejar las posturas muy claras. De qué lado querés estar, de aquel que cumple la ley o de aquel que no la cumple y no tiene consecuencias”.
Uno de los cambios principales establece que los jóvenes entre 14 y 17 años podrán ser sancionados por contravenciones bajo un régimen especial. Actualmente, la ley establece los 18 años como el límite para este tipo de infracciones.
El ministro explicó que el objetivo es alinear la edad de responsabilidad con la que se aplica a los delitos en la legislación nacional. “Aquel que cometía una contravención y era menor de 18 años no podía ser sancionado. Eso lo bajamos a 14, lo adecuamos a la ley nacional”, indicó.
Las contravenciones comprenden infracciones de menor gravedad que los delitos penales y se refieren a conductas que afectan la convivencia urbana, el espacio público o la seguridad. El ministro las describió como un conjunto de normas que regulan la vida cotidiana de los ciudadanos.
El segundo eje de la iniciativa propone la inclusión de figuras que no están específicamente mencionadas en el Código Contravencional actual, como el phishing, los deepfakes y la difusión no autorizada de imágenes.
Tapia mencionó el caso de las imágenes de estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires Carlos Pellegrini, destacando la falta de herramientas para abordar este problema social. “Es una realidad que hoy afecta a la sociedad y no hay herramientas para poder atacarla”, aseguró.
Aunque subrayó que estos comportamientos deberían estar regulados por el Código Penal, que es competencia del Congreso, la iniciativa busca brindar recursos a los jueces porteños mientras se plantean eventuales cambios en la legislación.
La propuesta también incluye la suplantación de identidad con el objetivo de cometer estafas, así como el acoso a personas en la vía pública.
Un tercer aspecto de la reforma es el incremento de las multas y el aumento de días de arresto para diversas infracciones. Tapia afirmó que la multa por conducir bajo los efectos del alcohol podría ascender a 7 millones de pesos si la reforma es aprobada.
Además, se prevén sanciones por portar objetos que puedan poner en riesgo la seguridad pública durante manifestaciones, como bombas molotov o palos. “Si vas a una marcha con una bomba molotov o con un palo, también vas a ser sancionado”, advirtió el ministro, especificando que esta conducta podría ser castigada por sí misma, independientemente de otras infracciones.
La iniciativa también incluye la eliminación de penas sustitutivas. Tapia cuestionó que una contravención puede resolverse mediante mecanismos como la probation o penas de ejecución en suspenso. “Al no ser delitos y ser contravenciones, eliminamos las penas sustitutivas”, agregó, señalando que las sanciones deben aplicarse efectivamente en función de la gravedad de las infracciones.
El proyecto formará parte de otros cambios recientes impulsados por el Ejecutivo en relación con la regulación de cuidacoches. Hace aproximadamente un mes y medio, se aprobó una modificación que establece penas de arresto para quienes extorsionen a conductores en la vía pública.
El ministro también se refirió a un acuerdo para trasladar a alrededor de 1.800 detenidos de la cárcel de Devoto al complejo penitenciario de Marcos Paz, administrado por el Servicio Penitenciario Federal. Este nuevo establecimiento tiene capacidad para 2.240 personas, lo que permitiría aliviar la situación de detenidos en comisarías porteñas.
“El objetivo era cumplirle a los vecinos de Devoto, sacar la cárcel de su barrio, del centro de la ciudad”, sostuvo. Con respecto al uso futuro del predio de Devoto, indicó que su destino deberá ser decidido por la Legislatura.
La discusión sobre el reforma del Código Contravencional ahora comienza su carrera parlamentaria, en la que los bloques deberán determinar si apoyan las modificaciones propuestas por el Ejecutivo.
