La ICC dedicará gran parte de su mañana y tarde a discutir cuestiones de comercio internacional y seguridad jurídica. Un bloque se enfocará en el Acuerdo Mercosur-Unión Europea, y en la siguiente sección los jueces argentinos compartirán una mesa en la que abordarán la seguridad jurídica y el Estado de Derecho como factores esenciales para atraer inversiones internacionales a Argentina.
La selección de los expositores lleva un mensaje particular. En Francia se encuentran Sergio Fernández, camarista y figura destacada en el fuero contencioso administrativo federal, que es el encargado de resolver los litigios contra el Estado. Desde la Casa Rosada se busca demostrar que no existen frentes abiertos en esos tribunales, aunque esto no es del todo cierto: actualmente, un juez de ese fuero está reclamando al Ministerio de Capital Humano el pago de salarios y becas en las universidades.
Acompañando a Fernández está Richar Fernando Gallego, presidente de la Cámara Federal de General Roca, quien supervisa el tribunal responsable de Vaca Muerta, un crucial punto económico. Gallego asumió su cargo en 2012, tras varios años de experiencia como juez civil y comercial en Río Negro.
El tercer juez es Eduardo Farah, quien integra la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires y actualmente la preside. En su tribunal se tramitan numerosas investigaciones abiertas, muchas de las cuales involucran al propio Estado. Recientemente, Farah y su colega Roberto Boico ratificaron los procesamientos dispuestos por el juez Sebastián Casanello en relación a operaciones irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), un caso que podría afectar incluso a Karina Milei, hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia.
La presencia de Farah puede sugerir otro mensaje del Gobierno: un intento por establecer vínculos con la Sala II de la Cámara Federal, que es la más distante con respecto a la Casa Rosada. La Sala I ha sido renovada recientemente con la incorporación de Pablo Yadarola y la confirmación de Pablo Bertuzzi, quien había llegado al tribunal por decisión del expresidente Mauricio Macri sin mediar un concurso.
Los tres magistrados asistieron a una recepción organizada por el embajador Ian Sielecki. Fuentes consultadas afirmaron que no estaba contemplado que Milei se reuniera con Gallego, Fernández y Farah en esta ocasión.
Más allá de las actividades públicas con empresarios y con el presidente Emmanuel Macron, parece que Milei ha mantenido un perfil relativamente bajo. Se lo vio participando de forma virtual en un encuentro del Instituto para el Desarrollo Empresarial de Argentina (IDEA).
Durante esa intervención, se le preguntó acerca de su opinión sobre el fallo de la Corte Suprema que restablece el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que deroga la Ley de Tierras. “Estamos de vuelta en una república. Hay división de poderes”, inició con una moderación poco habitual en él, algo que contrasta con las versiones que circulan desde el oficialismo, las cuales intentan presentar que estos magistrados están desconectados de la agenda y del sentido de oportunidad que caracteriza al triunvirato que habita en la Casa Rosada. “Me parece fantástico que falle lo que le parezca correcto, acorde a la Constitución”, añadió.
La ICC, que acogerá a los tres jueces invitados por el Poder Ejecutivo, es un organismo de gran relevancia en la búsqueda de oportunidades comerciales. Fundada en 1919, tras la Primera Guerra Mundial, la ICC reúne a más de 45 millones de empresas.
El Gobierno tiene la intención de destacar las ventajas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que establece que en caso de disputas, el arbitraje se realice bajo las normas de la ICC. Además, se anticipó que el Gobierno firmará una declaración conjunta con esta entidad como una forma de demostrar su disposición para establecer condiciones favorables para el comercio y la inversión. Las fuentes oficiales han señalado que se trata de un gesto protocolar sin ofrecer detalles adicionales.
“Es difícil que hablen de seguridad jurídica con el descalabro que generaron los tres miembros de la Corte”, comentaba con ironía un camarista federal.
Para los integrantes del Poder Judicial, esta semana no será tranquila. La reunión de tribunales orales convocada en un hotel en San Martín de los Andes resultó más agitada de lo anticipado debido a una protesta organizada por la Asociación de Trabajadores del Estado, que se produjo en presencia de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, mientras que Ricardo Lorenzetti se retiró antes. “Corte Suprema vendepatria”, decían los carteles exhibidos en el lugar.
