A partir de más de 8,2 millones de investigaciones penales contabilizadas en 17 jurisdicciones durante un periodo de tres años (2023-2025), se concluye que las falsas denuncias representan solo el 0,09% del total. “Este dato no acredita ningún fenómeno criminal de escala que requiera agravamiento de penas”, sostiene el informe, que busca llenar un vacío en las estadísticas existentes en el país.
El estudio aclara que, aunque estos datos no abarcan toda la nación, ayudan a establecer la magnitud real del fenómeno en el marco de la conflictividad general. De hecho, las falsas denuncias equivalen a aproximadamente una causa cada mil en el sistema penal, y el falso testimonio a una causa cada cuatro mil.
No obstante, se ha registrado un incremento en el número absoluto de casos de falsas denuncias durante el periodo estudiado, aumentando de 1845 a 3142. A pesar de este aumento, su proporción se mantiene por debajo del 0,1% del total. “El aumento de los registros puede ser en parte el resultado positivo de una mayor capacidad de captación del sistema”, indica el informe.
Según el comunicado del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina, junto con el Consejo Federal de Política Criminal, publicado a principios de abril, se advirtió que “la instalación de la idea de una supuesta proliferación de denuncias falsas no solo carece de sustento empírico, sino que también genera efectos regresivos: desalienta la denuncia, refuerza estereotipos de género y contribuye a la deslegitimación de la palabra de las mujeres víctimas”.
El proyecto que promueve Losada (Unión Cívica Radical-Santa Fe) contempla un aumento en las penas para las denuncias falsas, el falso testimonio y el encubrimiento, con mayor rigurosidad cuando se trata de casos de violencia de género o delitos relacionados con la integridad sexual o menores. “El sistema democrático necesita mecanismos de protección frente al uso abusivo del aparato judicial”, afirmó la senadora, quien insiste en que “la mentira no tiene género”.
Actualmente, el Código Penal argentino ya contempla sanciones para las falsas denuncias y el falso testimonio. En concreto, el delito de falsa denuncia establece multas que van de $750 a $12,000 y penas de prisión de entre dos meses y un año. La propuesta busca modificar varias disposiciones del Código para incrementar las penas de prisión de uno a tres años, y de tres a seis años en casos de violencia de género y delitos contra la integridad sexual. Esta modificación afectaría tanto a los autores como a los profesionales que testifiquen durante los procesos judiciales.
Asimismo, la propuesta implicaría que el delito de falso testimonio conlleve una pena de hasta ocho años de cárcel, en contraste con el actual rango de un mes a cuatro años.
Así, en ambos supuestos, las condenas serían no excarcelables.
“Muchas estadísticas sobre falsas denuncias no miden el fenómeno completo, sino las condenas firmes por el delito específico de denuncia falsa. Y se trata de un delito que actualmente no se persigue”, argumentó Losada al ser consultada sobre el informe.
El informe se basa en datos extraídos de los sistemas de gestión de los Ministerios Públicos Fiscales, donde se solicitó a cada jurisdicción que informara sobre el total de casos ingresados y se cuantificara cuántos de estos se referían a investigaciones por falsa denuncia.
Una de las limitaciones del estudio es que “no se relevó el resultado procesal de las causas”, lo que impide saber cuántas de las falsas denuncias registradas son confirmadas como tales por el sistema judicial. Las jurisdicciones que no respondieron a la consulta fueron Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, San Luis, Santa Cruz y Tucumán.
Una de las principales objeciones al proyecto en discusión es que podría desalentar aún más las denuncias, dado que actualmente se estima que el 88% de las víctimas de ofensas sexuales no presentan denuncias, según la Encuesta Nacional de Victimización del Indec. Entre las mujeres, casi la mitad (45%) ha sufrido violencia en algún momento de su vida, pero solo una de cada cuatro ha buscado ayuda o denunciado, según la Encuesta Nacional de Prevalencia de Violencia y la Iniciativa Spotlight.
Por otro lado, el proyecto también podría desincentivar la participación de testigos cruciales en casos difíciles de probar.
“Los delitos que ocurren en un contexto de violencia de género ya enfrentan el desafío opuesto al que plantea el proyecto: no se denuncian con suficiente frecuencia. Agravar la pena para quien denuncie en ese contexto solo incrementa un problema de acceso limitado a la Justicia, que los propios datos del Estado argentino documentan”, concluye el informe del Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos.
El análisis también intentó determinar qué proporción de las falsas denuncias se relaciona con las categorías que el proyecto busca agravar, pero no todas las jurisdicciones pudieron desagregar esta información debido a limitaciones del sistema de gestión.
Además, no se recopiló información sobre el sexo del denunciante ni del denunciado, lo cual resulta fundamental para analizar esta problemática, ya que no está disponible a nivel sistemático. Por otro lado, no se pudo verificar con los datos disponibles la hipótesis de la litigación estratégica, es decir, el uso de falsas denuncias como táctica defensiva en disputas familiares.
En el marco de este proyecto, Losada ha sido denunciada por un grupo de defensores de derechos humanos, encabezado por el exjuez y actual presidente de la Asociación Civil de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales (Aevas), Carlos Rozanski. Se le acusa de coacciones, encubrimiento agravado y apología del crimen, así como por violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
“No hay en Argentina denuncias falsas por abuso sexual contra la infancia. No hay ni una. Por eso, la senadora no mostró ni exhibió ninguna denuncia falsa de abusos contra niños. Lo que mostró fueron pedófilos sobreseídos porque las pruebas no fueron suficientes. Son dos cosas completamente diferentes”, declaró Rozanski en comentarios a la prensa.
“Buscan silenciarme y amedrentarme a mí y al resto de los legisladores. Esta es la segunda denuncia que me hacen. Es increíble que se denuncie a una legisladora por su labor legislativa. Los proyectos pueden gustar o no, pero eso se dirime en el Congreso. Es inédito en democracia”, subrayó Losada.
