Desde la Casa Rosada, la importancia del convenio con los líderes sindicales se explica principalmente por los inconvenientes surgidos a raíz de la reglamentación de la reforma laboral. Esta modificación había estrechado aún más las cuotas solidarias y los aportes especiales que los empleadores deben pagar en los convenios colectivos, lo que no solo generaba la posibilidad de un aumento en los litigios legales por la interpretación de su alcance, sino que además obstaculizaba la renegociación de los convenios colectivos de trabajo. Este era uno de los principales objetivos del Gobierno con la implementación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que se encontraba ante la resistencia de empresarios y sindicalistas frente a las limitaciones impuestas en ciertos aspectos.
Se supo que durante semanas hubo negociaciones discretas entre ambas partes que concluyeron recientemente con la redacción conjunta del decreto, destinado a corregir la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral, la cual había impactado negativamente en dos áreas clave de financiamiento para los sindicatos.
Primero, el decreto 407 había alterado de manera inesperada la base de cálculo para las cuotas solidarias y otros aportes establecidos en los convenios colectivos de trabajo. Mientras la norma mencionaba que “no podrán superar el 2% de las remuneraciones de los trabajadores”, la reglamentación indicaba que esta se fijaría en base al “salario básico convencional”, lo que disminuía potencialmente los fondos acordados entre empleadores y sindicatos.
Con el nuevo decreto, se modifica parcialmente el impacto del límite del 2% en esos ítems al aumentar la base salarial, incorporando las sumas remunerativas habituales de pago mensual de carácter convencional y estableciendo que “no integrarán la base de cálculo los conceptos que no constituyan retribuciones normales, habituales y de percepción mensual”, tales como “premios, bonos, participación en las ganancias, horas extras, sueldo anual complementario, plus vacacional, sumas no remunerativas y otros conceptos”.
Por otro lado, el decreto 612 excluye del límite del 2% según la Ley 27.802 los aportes y contribuciones de los empleadores en convenios colectivos destinados a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales, señalando que estos deben administrarse y ser documentados por separado de otros fondos sindicales.
Esto facilita que las contribuciones de los empleadores a las obras sociales, esenciales para mantener el sistema de salud sindical, no tengan restricciones. Sin embargo, la norma exige que estos recursos reciban una gestión especial, lo que implica que el sindicato debe llevar una contabilidad clara y diferenciada de esos fondos.
De este modo, no se podrán mezclar con los ingresos sindicales ordinarios, permitiendo identificar qué se recaudó, quiénes contribuyeron, el destino de esos recursos y los gastos realizados. Además, estos deben estar en línea con las finalidades autorizadas que garanticen beneficios para los trabajadores.
Para la CGT, las modificaciones implementadas por el decreto 407, que se emitió a fines de mayo, quebraron el acuerdo alcanzado con el Gobierno durante la implementación de la reforma laboral y contaron con la influencia del ministro de Desregulación, quien había mostrado una postura contraria a las cuotas solidarias que se descuentan a todos los trabajadores, estén afiliados o no, para financiar a los sindicatos.
La nueva administración libertaria, que ha posicionado a Diego Santilli como jefe de Gabinete y adopta un enfoque más conciliador de cara a las elecciones de 2027, ha mostrado mayor disposición a escuchar las inquietudes de la CGT sobre cómo el decreto 407 amenazaba las finanzas del movimiento sindical.
Con esta apertura, se reactiva una negociación colectiva que había sido bloqueada bajo la interpretación anterior, que llevaba a sindicatos y empleadores a recurrir a la justicia. El límite del 2% había sido interpretado de manera tan extensiva que también afectaba a los aportes patronales para mutuales, seguros de vida y otros beneficios. Desde el Gobierno, se argumentó que esta interpretación confundía “dos leyes distintas” al distinguir entre la cuota solidaria laboral y las contribuciones empresariales gestionadas por los sindicatos.
Además, la exigencia de renegociar unos 800 convenios colectivos, hecha por la Secretaría de Trabajo a mediados de junio, tampoco había logrado avanzar, con solo acuerdos parciales alcanzados en torno a algunas innovaciones de la reforma laboral, como el salario dinámico o el banco de horas. Hasta la fecha, ningún convenio ha sido integralmente renegociado.
Desde la Secretaría de Trabajo se admitió que no ha habido disposición de los empresarios o sindicatos a sentarse a dialogar sobre los convenios vencidos, prefiriendo estos acudir a la justicia para proteger cláusulas existentes, en lugar de iniciar una nueva conversación bajo un esquema que, de facto, impedía negociar aportes adicionales.
Un empresario expresó su frustración al cuestionar la intervención del Estado en la negociación de acuerdos que podrían beneficiar a los trabajadores. Este argumento se repitió y se convirtió en un factor clave que, junto a las necesidades electorales del Gobierno, motivó una revisión de la propuesta inicial en favor del poder sindical.
El acuerdo entre el Gobierno y la CGT, aunque crucial, no logrará mitigar el anunciado plan de acción que comenzará con una marcha hacia el Congreso para apoyar los reclamos de jubilados. Un líder sindical enfatizó que, a pesar de los avances, se continuará con la estrategia previamente establecida sin modificaciones significativas.
