La Libertad Avanza (LLA) de la provincia de Buenos Aires iniciará un proceso de juicio político contra la jueza Marta Elba Pascual, quien decidió suspendir durante 60 días la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil, alegando que su resolución atenta contra una legislación aprobada por el Congreso de la Nación. El partido sostiene que esta medida “profundiza la situación de impunidad” que sufren los ciudadanos en la provincia. Sebastián Pareja, presidente de LLA bonaerense, liderará una reunión con su equipo técnico y político para determinar los pasos a seguir en el proceso de destitución de la magistrada. Pareja afirmó: “Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política. Está intentando frenar una ley votada democráticamente por el Congreso que busca resolver un problema que la sociedad exige”. También señaló: “Siempre encontrarán una excusa para liberar a los delincuentes”, haciendo referencia al kirchnerismo y peronismo, y enfatizó que “lo mismo sucedió durante la pandemia”. Según él, “no consideran las condiciones materiales cuando se trata de las víctimas, solo protegen a los delincuentes”. Asimismo, el dirigente consideró que una jueza que actúa como “un peón” del gobernador Axel Kicillof “no posee las características básicas requeridas para un magistrado”, debido a que “no puede anteponer una mirada política” respecto a una ley “demandada por la ciudadanía” y avalada en el Congreso. Carlos Curestis, presidente del bloque de senadores libertarios, expresó que esta decisión “deja más que en claro de qué lado están” porque sus acciones “defienden delincuentes”. Añadió: “La Justicia bonaerense lo único que logró con esta decisión es seguir garantizando la impunidad de los criminales. Los ciudadanos de la provincia no podemos seguir siendo rehenes de un gobernador y una Justicia que defiende al delincuente por encima de las personas de bien”. Finalmente, el jefe del bloque de Diputados provinciales de LLA, Juan Osaba, afirmó que es “inadmisible” que un fallo de una jueza de Lomas de Zamora suspenda la ley penal juvenil “dándole la espalda” a las víctimas de delitos perpetrados por menores. “No hay argumento que sirva. Es una ley aprobada por el Congreso Nacional y vamos a llevarla a juicio político por esta decisión”, concluyó.









