Aunque el fondo inglés aún no ha llevado su caso al máximo tribunal estadounidense, los principales asesores legales del Gobierno consideran que esto ocurrirá en breve. “Tienen 90 días para hacerlo”, afirmaron.
A pesar de esto, fuentes oficiales subrayan que existe confianza en que la Corte Suprema desestime el caso, por lo que a finales de año —tras un análisis que podría llevar de dos a tres meses— se podría emitir una decisión definitiva en Estados Unidos. Este fallo pondría fin a un extenso proceso judicial relacionado con la expropiación de la petrolera nacional, iniciado en 2015, que enfrenta una reclamación por 16 mil millones de dólares.
La perspectiva del Gobierno coincide con la opinión de los propios analistas de Burford, quienes, al informar sobre sus resultados trimestrales, reconocieron que “la probabilidad de obtener más recursos en los tribunales estadounidenses es baja desde un punto de vista estadístico”.
Esta afirmación está respaldada por el hecho de que la Corte estadounidense suele aceptar entre 70 y 100 casos al año, todos de interés federal.
Sin embargo, el Gobierno mantiene una actitud cautelosa debido a la posibilidad de que Burford presente un reclamo ante el Ciadi, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial. En este contexto, el fondo mencionó anteriormente que “el arbitraje es un proceso que dura varios años (un caso promedio del Ciadi dura 4,4 años), pero puede alcanzar el mismo resultado que un tribunal de primera instancia estadounidense”.
Además, destacaron que el 86% de las 51 demandas arbitrales presentadas contra la Argentina por inversores se resolvieron a favor de los demandantes.
A pesar de esto, después del fallo favorable de la Cámara de Apelaciones de Nueva York el martes, la Procuración del Tesoro, bajo la dirección de Sebastián Amerio, subrayó que “la decisión del tribunal, que niega la solicitud de revisión del fallo por parte del pleno de la Cámara de Apelaciones, constituye un nuevo respaldo a la solidez jurídica de la posición sostenida por la República Argentina durante el proceso de apelación y reafirma la sentencia favorable obtenida por nuestro país”.
Mientras tanto, el equipo de abogados del Estado continúa gestionando otros litigios pendientes, como el conflicto por el Cupón PBI en Londres, que asciende a 1330 millones de euros. Paralelamente, el Gobierno espera la aprobación del Congreso para avanzar con un acuerdo por 171 millones de dólares con los fondos Bainbridge y Attestor, relacionado con el default de 2001. Este asunto se discutirá el jueves en el Senado.
