Una de las características más relevantes de esta iniciativa es que la empresa ganadora de la licitación podrá recuperar su inversión a medida que avance en la construcción del proyecto, mediante ingresos provenientes de las tarifas pagadas por los usuarios en base a hitos parciales alcanzados. Esto significa que el repago se incluirá en la parte de transporte de las boletas eléctricas, una de las cuatro secciones que componen la factura, junto con la generación, distribución e impuestos.
Desde el sector se señala que el objetivo es incentivar la inversión en una infraestructura que requerirá entre 700 y 800 millones de dólares. El BID ofrecerá una garantía parcial de 200 millones de dólares al adjudicatario de la licitación, que se espera sea publicada en algún momento de esta semana o la próxima.
El proyecto, denominado “AMBA I”, contempla la construcción de más de 500 kilómetros de líneas de alta tensión y la creación de nuevas estaciones transformadoras para mejorar el suministro eléctrico en la región con mayor consumo del país.
La obra será licitada bajo un modelo que permitirá al concesionario privado financiar, construir, operar y mantener la infraestructura por un periodo mínimo de 15 años. Se estima que el plazo de ejecución será de aproximadamente 52 meses, con un periodo de repago que se extenderá por siete años.
La expansión de este sistema de transporte es considerada una de las principales prioridades dentro del sector energético. A pesar de que en los últimos años ha aumentado la generación eléctrica, especialmente mediante fuentes renovables y gas natural, muchas de estas inversiones no se han podido aprovechar completamente debido a las restricciones en la red de transmisión, que no ha experimentado expansiones significativas en más de diez años.
Este nuevo enfoque también representa un cambio significativo respecto a los planes iniciales contemplados por el gobierno actual para financiar la expansión eléctrica. En primer lugar, el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, junto a la secretaria de Energía, María Tettamanti, habían propuesto implementar un cargo fijo en las facturas eléctricas para financiar las obras de transmisión.
Sin embargo, esta propuesta no avanzó debido a objeciones dentro del Ejecutivo, donde se señalaron las preocupaciones sobre el asesor presidencial Santiago Caputo y su influencia en la decisión. Posteriormente, se consideró la alternativa de concesiones de obra pública completamente financiadas por el sector privado, donde las empresas solo podrían recuperar su inversión al final del proyecto.
A pesar de ello, se advertía que este método encarecía el financiamiento, debido a los prolongados plazos de ejecución y la inestabilidad tarifaria y regulatoria en Argentina. La incertidumbre se centraba en qué tasas estarían dispuestos a prestar los grandes bancos para proyectos cuyo retorno se prolongaría a largo plazo, en un contexto de posibles cambios políticos o normativos.
El nuevo modelo que está preparando la Secretaría de Energía busca abordar parte de este problema. El adjudicatario podrá comenzar a percibir ingresos tarifarios conforme se vayan alcanzando los hitos parciales de construcción. La intención del Gobierno es mejorar las condiciones de financiamiento y acelerar la llegada de inversiones privadas en proyectos críticos para evitar futuros problemas de suministro durante los picos de consumo.
Este modelo también refleja la decisión del Gobierno de no financiar las obras directamente desde el Tesoro, en coherencia con su enfoque fiscal. La propuesta oficial es que el sector privado se encargue del financiamiento, construcción y mantenimiento de la infraestructura, mientras el Estado mantenga su función regulatoria.
Funcionarios del área energética ya han comenzado a comunicar algunos de estos lineamientos a empresas del sector. El subsecretario de Energía Eléctrica, Damián Sanfilippo, también ofreció detalles en una exposición durante la conferencia regional Adelatam 2026, que reunió en Buenos Aires a reguladores, distribuidoras, inversores y proveedores tecnológicos para debatir sobre la modernización de la infraestructura eléctrica en América Latina.
La obra AMBA I forma parte del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico, que abarca un conjunto de 16 proyectos prioritarios establecidos por la Secretaría de Energía para fortalecer la red de alta tensión y hacer frente al crecimiento de la demanda. La zona metropolitana representa alrededor del 40% del consumo eléctrico nacional y ha enfrentado problemas estructurales de transmisión durante años, lo que ha derivado en restricciones operativas particularmente evidentes durante los picos de demanda en verano e invierno.
A la par, el Gobierno está avanzando en otras medidas para reforzar la confiabilidad del sistema. Sanfilippo confirmó el lanzamiento de una licitación para la incorporación de generación térmica modular en nodos críticos designados por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), con el objetivo de incrementar la potencia firme en estas áreas durante periodos de alta demanda.
La Secretaría de Energía también prevé la recepción de nuevas ofertas para un segundo programa de almacenamiento mediante baterías a escala del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Después de la convocatoria realizada para el nodo metropolitano bajo el programa ALMA GBA, el Gobierno busca expandir este esquema a siete regiones críticas en el interior del país, con el fin de incorporar aproximadamente 700 MW de capacidad de reserva.
