Esta medida, impulsada por el Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones y publicada en el Boletín Oficial en la madrugada del martes, retoma la reforma migratoria que el Gobierno promovió en mayo de 2025 a través del DNU 366/2025.
Entre otras disposiciones, el decreto de Javier Milei incluía nuevos requisitos para ingresar al país y condiciones más rigurosas para obtener la residencia permanente, así como la facultad de universidades y hospitales nacionales para cobrar por sus servicios a extranjeros sin residencia. Sin embargo, este último aspecto en el ámbito de la salud no había sido implementado, mientras que en educación, las universidades fueron señaladas por no adoptar el arancelamiento.
Con la nueva resolución, se aprobó el “Procedimiento operativo para la atención sanitaria de personas extranjeras en los establecimientos sanitarios administrados por el Estado Nacional”. Como se especificaba en el DNU 366, esta normativa no altera el acceso de los extranjeros residentes permanentes al sistema de salud nacional, que sigue siendo el mismo que el de los argentinos, siempre que acrediten su situación migratoria con su DNI.
Por otro lado, para los extranjeros no residentes, el Gobierno ha habilitado dos opciones: si cuentan con un seguro de salud, el hospital podrá facturar a la aseguradora por los costos de atención; si no tienen cobertura, deberán pagar de manera anticipada por los servicios recibidos.
Según el decreto en vigor, la atención de emergencias seguirá garantizada para todas las personas, “independientemente de su situación migratoria y no podrá ser negada ni demorada por trámites administrativos”. Esta categoría abarca situaciones que impliquen “un riesgo cierto e inminente para la vida o funciones vitales”, como infartos, accidentes cerebrovasculares, traumatismos severos, hemorragias masivas y emergencias obstétricas, pediátricas o neonatales. Sin embargo, una vez superada la emergencia, las atenciones subsecuentes podrán ser facturadas al paciente o a su aseguradora, según corresponda.
Fuentes del Ministerio de Salud explicaron que la resolución busca unificar el procedimiento en todos los hospitales nacionales y definir normas para la recuperación de costos por servicios brindados a extranjeros no residentes. Sin embargo, la implementación específica del mecanismo quedará a cargo de cada hospital.
Con esta decisión, el Gobierno ha intensificado su discurso y acciones en el ámbito migratorio, que se habían acentuado tras la finalización del Mundial 2026, donde se enfocó en las “recientes manifestaciones de hostilidad” hacia Argentina.
En ese contexto, el partido La Libertad Avanza presentó un proyecto en la Legislatura Bonaerense que establece que los extranjeros sin residencia permanente deben pagar por su atención en hospitales públicos y por su educación en las universidades de la provincia de Buenos Aires. Una semana después, se firmó un DNU que permite expulsar a extranjeros que promuevan mensajes de odio, discriminación o violencia contra argentinos por su nacionalidad.
