La discusión sobre esta iniciativa está programada para este miércoles a las 10 de la mañana y será el último tema en una extensa agenda, que incluye el proyecto “Hojarasca”, destinado a derogar leyes que el oficialismo califica como obsoletas o restrictivas de la libertad, así como tratados de extradición y acuerdos internacionales en materia penal.
El texto fue dictaminado la semana pasada en un plenario de las comisiones de Energía y Presupuesto, y propone reemplazar el criterio actual de subsidios, que se basa principalmente en la ubicación geográfica, por otro que se centre en el nivel de ingresos de los hogares. De esta manera, se busca revertir la ampliación llevada a cabo en 2021 por el diputado Máximo Kirchner, que extendió el beneficio a nuevas regiones del centro y norte del país.
Como resultado de esta modificación, alrededor de 3,5 millones de hogares perderían el acceso automático a los subsidios y tendrían que demostrar su vulnerabilidad económica para continuar recibiendo el apoyo. La provincia de Buenos Aires, encabezada por Axel Kiciloff, sería la más perjudicada. La diputada de Unión por la Patria, Jimena López, subrayó: “1,3 millones de bonaerenses perderán el subsidio”.
Por su parte, la diputada libertaria Silvana Giudici defendió el nuevo planteamiento, afirmando que el 60% de los hogares afectados podría registrarse en el nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Este nuevo beneficio beneficiaría a familias cuyos ingresos se encuentren por debajo de tres canastas básicas, equivalentes a aproximadamente $4,3 millones, según los datos recientes del Indec. También incluiría a beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), personas con Certificado Único de Discapacidad y veteranos de Malvinas.
No obstante, la reforma ya ha suscitado oposición entre algunos gobernadores que, hasta ahora, habían apoyado al oficialismo en el Congreso. Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, fue uno de los primeros en expresar su desacuerdo, indicando: “No podemos aceptar que hoy el norte vuelva a vivir, como todos los inviernos, la misma incertidumbre con el abastecimiento”.
La provincia de Salta ha sido históricamente una importante productora de gas para Argentina, y Sáenz destaca que la energía que se ha generado desde esta región ha sido fundamental para el crecimiento del país.
En Córdoba, la situación no es diferente; el gobernador Martín Llaryora instó a sus legisladores a oponerse a la propuesta, argumentando que esta modificación “pone en riesgo a unos 688 mil hogares y a más de 2,2 millones de vecinos”, es decir, a más de la mitad de la población provincial. Según su análisis, el nuevo esquema podría implicar aumentos significativos en las tarifas.
