En este encuentro, participaron Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias (SPU) del ministerio de Capital Humano, junto a los rectores Franco Bartolacci de la Universidad de Rosario (UNR) y Anselmo Torres de la Universidad de Río Negro (UNRN), quienes ejercen funciones como presidente y vice del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Durante la reunión, se expuso una “propuesta intermedia” cuyo objetivo es recuperar parte de los 45,6% que ha perdido el sistema universitario en términos reales desde 2023.
Uno de los aspectos más críticos del reclamo involucra la cuestión salarial. La propuesta del Gobierno contempla un ajuste de aproximadamente el 24%, que se desglosa en un aumento del 21,33% aplicable al salario de junio, más un 3% en octubre, según señalaron varias fuentes vinculadas a las negociaciones. Además, se planteó un compromiso para evitar nuevas pérdidas ante la inflación proyectada para 2026.
Dicho porcentaje resulta de una recuperación teórica de 4 puntos de atraso correspondiente a 2024, junto con un incremento del 12% para 2025. Se prevé, además, un aumento del 20% en los gastos de funcionamiento, así como una asignación adicional para los hospitales universitarios.
Aunque la oferta cuenta con cierto respaldo dentro de la comunidad universitaria, las negociaciones han enfrentado un estancamiento debido a que el Gobierno solicita que los rectores retiren la medida cautelar presentada ante la Corte.
“Se está viendo legalmente cómo destrabar eso, para que las partes queden en reserva de ratificar sus posiciones”, indicó una alta fuente universitaria involucrada en las conversaciones. Actualmente, se ajusta el texto para que sea aceptable para ambas partes, permitiendo a los abogados del Estado y del CIN avanzar sin renunciar a los derechos en juego.
Los rectores sostienen que no pueden renunciar a la exigencia de aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. “Sostenemos el mantenimiento de la acción judicial. No vamos a retirar la denuncia”, afirmaron desde el CIN.
La demanda judicial de las universidades tiene una medida cautelar favorable, ratificada en dos ocasiones; sin embargo, actualmente está suspendida debido a un recurso extraordinario interpuesto por el Poder Ejecutivo. La responsabilidad de la decisión final recae en la Corte Suprema de Justicia, cuya resolución no cuenta con un plazo definido.
La incertidumbre política ha llevado a los rectores a buscar algunas alternativas. “El problema principal es que la Justicia no resuelve y mira para otro lado. El Gobierno puede tener un acuerdo con la Corte… y en el medio se te van los profesores”, resaltó una autoridad universitaria.
Desde el Gobierno se sostiene que la ley aprobada por el Congreso es “ilegal”, ya que, en su interpretación, no cumple con los requerimientos establecidos por la normativa de administración financiera, la cual estipula que todas las leyes deben indicar la fuente de financiamiento. Por esta razón, el Gobierno insiste en que la continuidad de la demanda judicial resulta incompatible con la posibilidad de alcanzar un acuerdo económico.
Por otro lado, existe un sector de sindicatos docentes y no docentes que manifiesta desconfianza ante estas negociaciones. Los rectores, en este sentido, reclaman que cualquier solución salarial contemple una “apertura de una instancia paritaria real y la construcción de un acuerdo con las organizaciones gremiales”.
“Por ahora, es todo informal. Entonces no se puede dar crédito a eso. Tenemos que ser muy cuidadosos y serios porque el Gobierno es un interlocutor muy escurridizo. El gobierno tiene que convocar a paritaria, cosa que no hace desde hace años”, remarcaron desde Conadu.
Las universidades mantienen un estado de alerta ante la situación actual. El martes 26 de mayo, estudiantes de la UBA, junto a gremios docentes y diversas organizaciones de la comunidad universitaria, organizaron una jornada de clases públicas frente al Palacio de Justicia para visibilizar el conflicto y solicitar a los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz que se expidan sobre la medida cautelar. Recientemente, estudiantes de los colegios preuniversitarios del Nacional Buenos Aires (CNBA) y Carlos Pellegrini tomaron estos establecimientos como forma de protesta.
En estas instituciones de educación media, la situación del personal docente es especialmente grave, dado que también han experimentado una reducción en su poder adquisitivo debido a la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID). Las negociaciones también están abarcando una asignación especial para este sector.
