La resolución, firmada por el juez Martín Cormick, fue resultado de un amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA), lo que dejó sin efecto el Decreto 759/2025.
El fallo exige al Poder Ejecutivo el “cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin”, según el documento al que se tuvo acceso.
El Gobierno había intentado obstaculizar la ley inicialmente a través de un veto, el cual fue rechazado por el Congreso, que sostuvo la normativa. Posteriormente, se emitió un decreto que establecía que el financiamiento para las universidades solo podría llevarse a cabo “una vez que se determinen las fuentes específicas para su financiamiento y se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto general”.
Tanto el Consejo Interuniversitario Nacional como la UBA, junto a otras instituciones, decidieron presentar un amparo colectivo exigiendo el cumplimiento de aspectos esenciales de la ley, tales como el otorgamiento de partidas para el funcionamiento de las universidades y la recomposición salarial de los docentes y no docentes.
El juez subrayó en su fallo que el decreto del Gobierno “no supera un test mínimo de razonabilidad”, ya que permite suspender e inaplicar, respaldándose en un artículo de una ley anterior, la aplicación de una ley que el Congreso insistió en mantener con las mayorías agravadas requeridas.
Asimismo, Cormick consideró que, ante la imposibilidad legal de emitir un nuevo veto, el decreto “ha funcionado como un mecanismo extraconstitucional” que configura, según su perspectiva, “una figura de instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional”.
El magistrado también cuestionó el argumento del costo fiscal de la ley, afirmando que en 2024 y 2025 no existía una Ley de Presupuesto y se prorrogaban las partidas aprobadas en 2023. Además, indicó que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto para el año 2025 equivalía aproximadamente al 0,23% del PBI nominal proyectado.
