Desde la Casa Rosada reconocen que la suspensión del decreto 690/2026 representó un notable retroceso en comparación con los planes iniciales, pero señalan que esto no ha alterado el diagnóstico sobre los costos y las regulaciones que afectan a la navegación comercial. “Se está revisando el paquete de Desregulación, pero se va a avanzar”, afirman desde el Gobierno.
La definición más clara se refiere al cabotaje, que se refiere al transporte de mercaderías o pasajeros entre diferentes puntos del territorio nacional. En Balcarce 50 admiten que estos cambios podrían incorporarse en un proyecto de ley, subrayando que se trata de “un tema muy importante para el futuro del comercio del país”.
El tema del practicaje, sin embargo, representa una discusión distinta. Este se refiere al servicio público que prestan profesionales especializados que ayudan a los buques en la navegación y en las maniobras en ríos, canales, y puertos. La Ley de Navegación establece que este servicio está regulado y controlado por la autoridad marítima, determinándose su forma de prestación y tarifas mediante reglamentación.
El Ejecutivo no descarta que la reforma del practicaje pueda convertirse también en un proyecto de ley. En Nación reconocen que la vía legislativa es una de las opciones a evaluar tras la apertura de un diálogo posterior a la suspensión del decreto.
La cautela se debe al acuerdo alcanzado recientemente. En Balcarce 50 insisten en que el primer canal para revisar el practicaje será mediante una nueva mesa de trabajo que funcionará bajo el Ministerio de Seguridad, e incluirá la participación de la Prefectura Naval, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y representantes del sector.
El sector estará representado por John Ryan, presidente de la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje, junto con otros miembros y autoridades nacionales. El objetivo es investigar los aspectos que originaron el conflicto y desarrollar una nueva regulación sin poner en riesgo la continuidad de las operaciones portuarias.
El decreto 716, que oficializó la suspensión, establece que la mesa tiene como meta “lograr los consensos necesarios”. Además, el Gobierno destaca que las partes acordaron trabajar en un nuevo reglamento de practicaje y pilotaje, así como revisar la normativa vigente para asegurar la continuidad del servicio.
Por lo tanto, una futura intervención del Congreso se plantea como una opción posterior y no como una decisión definitiva. Antes del conflicto, el Ministerio de Desregulación ya se encontraba trabajando en un paquete legislativo que incluía una reforma integral del cabotaje, junto con modificaciones a diversas regulaciones de navegación y de la Marina Mercante.
Este borrador describe el cabotaje como el transporte de cargas o pasajeros entre puntos del territorio nacional y permite, bajo ciertas condiciones, la participación de buques de bandera extranjera. También se introducen cambios en la Ley de Navegación, así como en las reglas de dotación y tripulación, y en el régimen de promoción de la Marina Mercante.
Sin embargo, el proyecto no incluye la desregulación específica del practicaje que se implementó mediante el decreto 690. Aunque se menciona al practicaje en relación con las normativas de personal embarcado, no se detallan los cambios en contratación, tarifas, habilitaciones y mecanismos de reemplazo que dieron lugar al reciente conflicto.
El decreto suspendido eliminaba el límite numérico para la inscripción de prácticos habilitados, permitía su contratación directa como profesionales independientes y facilitaba la contratación de los medios de traslado hacia los buques. También otorgaba a la ANPYN la potestad de definir tarifas máximas para los distintos servicios prestados.
Además, se preveían mecanismos excepcionales para garantizar la operatividad del servicio. La Prefectura podía prestar practicaje y pilotaje directamente, pedir la intervención de la Armada y habilitar temporalmente a capitanes con conocimiento de la zona en situaciones de crisis que impidieran el funcionamiento normal del servicio.
Estos aspectos fueron el núcleo de la controversia. La Prefectura intimó a los profesionales para que retomen sus tareas, mientras que organizaciones vinculadas a capitanes y trabajadores del sector marítimo alertaron sobre los peligros de sustituir a los prácticos sin las debidas habilitaciones. El conflicto llegó a interrumpir el movimiento de más de un centenar de buques, afectando así exportaciones, suministros de combustible y operaciones relacionadas con proyectos energéticos.
Actualmente, en la Casa Rosada buscan desglosar los distintos elementos de la agenda marítima y evitar una nueva acción sin la debida coordinación. La discusión sobre el cabotaje se encuentra en análisis legislativo, mientras que el tema del practicaje se abordará primero mediante la mesa de negociación, antes de considerar su traslado al Congreso. La intención oficial de reducir costos logísticos y fomentar la competencia persiste, pero el Ejecutivo busca definir su siguiente paso tras escuchar a los sectores implicados.
