Según información obtenida, el Proyecto 406/26 fue introducido por Santiago Aberastain, presidente del bloque Por Santa Cruz, y será el único tema abordado en el encuentro legislativo previsto para el jueves 23 de julio.
La propuesta establece la emergencia en toda la provincia por dos años, con la opción de que el Ejecutivo pueda prorrogarla por un año adicional si persisten las circunstancias que motivaron esta acción.
Durante este lapso, el Gobierno estaría habilitado para reorganizar partidas presupuestarias, implementar mecanismos administrativos simplificados, adquirir materiales, comprar o expropiar terrenos, contratar obras y firmar convenios con municipios, el gobierno nacional, bancos, cooperativas y organizaciones sociales.
El proyecto también contempla la creación de un Banco Provincial de Tierras, la regularización de la propiedad y la formación de un comité legislativo para supervisar las medidas adoptadas.
Los objetivos son variados: facilitar el acceso a la vivienda, acelerar la construcción, proporcionar servicios básicos y regularizar la situación de familias vulnerables. No obstante, la exposición pública de la iniciativa no ha incorporado un análisis actualizado del déficit habitacional, un listado de obras prioritarias ni una estimación de los recursos necesarios.
Tampoco se ha aclarado cuántas viviendas están aún sin finalizar, cuántas familias figuran actualmente en los registros del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda o cuáles serán las primeras localidades beneficiadas.
La diputada Lorena Ponce admitió la existencia de una necesidad habitacional, pero criticó que el texto otorgue facultades extraordinarias sin detallar el modo, el lugar y el tiempo en que se llevarán a cabo las acciones. A su vez, mencionó que los intendentes de localidades del interior no habrían sido consultados previamente a la convocatoria.
Entre los ejemplos citados figuran proyectos inconclusos en 28 de Noviembre, Puerto Santa Cruz, Río Turbio, entre otros. Para la legisladora, antes de implementar nuevas herramientas, el Gobierno debería informar sobre los proyectos paralizados y el costo que implicaría su finalización.
La oposición también ha cuestionado que la propuesta sea tratada directamente en una sesión extraordinaria sin un debate previo exhaustivo en las comisiones legislativas. Según la diputada de 28 de Noviembre, el intendente de esa localidad se habría enterado del proyecto al mismo tiempo que los bloques opositores.
El oficialismo argumenta que la gravedad del déficit habitacional requiere de una acción rápida y que los procedimientos habituales retardan la construcción, la compra de materiales y la disponibilidad de terrenos. Este argumento puede justificar la necesidad de agilizar trámites; no obstante, no valida la entrega de facultades sin objetivos medibles.
Una declaración de emergencia no debe sustituir a un plan de vivienda. Debe basarse en un diagnóstico claro, identificar a los beneficiarios, cuantificar los recursos, establecer prioridades y crear mecanismos de seguimiento que permitan verificar cada contratación y cada peso redistribuido.
La responsabilidad política recae directamente sobre Vidal, ya que su administración gestionará los fondos, seleccionará las obras, comprará los materiales y decidirá qué municipios recibirán atención prioritaria. El comité legislativo planeado será efectivo solo si logra obtener información actualizada, documentación respaldatoria y una capacidad real de control.
El Ejecutivo también debe aclarar por qué necesita una prórroga decidida por el propio Gobierno y no a través de una nueva votación de la Legislatura. Permitir que la misma autoridad beneficiada por las facultades extraordinarias pueda extender su vigencia socava el control institucional.
Santa Cruz enfrenta un déficit habitacional y muchos proyectos están atrasados. Sin embargo, el oficialismo aún no ha presentado un programa que convierta la emergencia en soluciones habitacionales concretas.
La sesión extraordinaria permitirá conocer qué poderes recibirá Vidal. Mientras el proyecto no incluya cantidades, localidades, costos y plazos concretos, las familias que aguardan una vivienda seguirán sin poder responder a la pregunta fundamental: qué se edificará, dónde y cuándo podrán habitarlo.
