En la Casa Rosada aseguran que los tiempos para la firma se determinarán en función de consideraciones políticas una vez que los expedientes lleguen a la secretaría de Legal y Técnica. “No hay apuro; se irán firmando a medida que lleguen”, sostienen en el oficialismo. Fuentes cercanas a la vicepresidenta Victoria Villarruel confirman que los pliegos todavía no han sido comunicados a la Nación y explican que el proceso requiere la firma de la presidenta del Senado y de la Secretaría Parlamentaria.
Este trámite se abrió tras la sesión en la que la Cámara alta aprobó 74 pliegos judiciales, incluyendo el de María Verónica Michelli, postulante para jueza del Tribunal Oral Federal 3 de La Plata, cuyo nombramiento Javier Milei había solicitado que se retire. Aun con el visto bueno del Senado, la magistrada no podrá asumir su cargo sin un decreto presidencial.
Desde el Gobierno se mantiene la posición de que Milei no tiene intención de firmar la designación de Michelli. Personas cercanas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor Santiago Caputo asumen que el Presidente mantendrá paralizado ese decreto, incluso cuando se reciba la comunicación formal del Senado. En Balcarce 50 destacan, además, que el tribunal para el que fue propuesta Michelli aún requiere cumplir con procedimientos administrativos antes de poder funcionar plenamente.
La lectura oficial es que el acuerdo del Senado no obliga al Presidente a firmar el nombramiento de manera inmediata. En los pasillos del Ejecutivo se menciona como precedente el caso de Juan Manuel Yalj, cuyo pliego fue aprobado en 2011 para asumir como camarista federal en San Martín, pero cuyo decreto de nombramiento nunca fue firmado por Cristina Kirchner. Se dice que “con un poco de presión, cede”.
Entretanto, la Casa Rosada se enfoca en mantener el ritmo de cobertura de vacantes judiciales. El Ejecutivo se encuentra preparando nuevos envíos al Senado y sigue con atención la discusión sobre otros pliegos que ya están en trámite ante la Comisión de Acuerdos. El oficialismo desea avanzar con los nombramientos menos conflictivos y dejar para más adelante los expedientes federales de mayor sensibilidad política.
La Comisión de Acuerdos del Senado ha abierto recientemente una nueva etapa con siete candidatos. Entre ellos se encuentra Leopoldo Rago Gallo, propuesto para continuar al frente del Juzgado Federal 2 de San Juan, y seis postulantes para la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que son Víctor Pesino, María Claudia Jueguen, Marina Pisacco, Diego Tula, Diego Manauta y Claudio Loguarro.
El nombre que genera mayor controversia es el de Pesino, integrante de la Sala VIII de la Cámara del Trabajo. Su continuidad es cuestionada por sectores del peronismo, gremios y abogados laboralistas debido a fallos relacionados con la reforma laboral y la intervención de la UOM. Patricia Bullrich salió a defender su candidatura durante la audiencia pública y anticipó que La Libertad Avanza respaldará su pliego.
En el Senado, otros nombres que aún no tienen dictamen son objeto de observación. Entre ellos se encuentran los jueces Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, señalados por supuestos vínculos con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, y con el tesorero Pablo Toviggino. También está bloqueado el pliego de Juan Manuel Mejuto, cuestionado por sectores de la UCR y el PRO debido a su presunta cercanía con el kirchnerismo y Justicia Legítima.
Además, la Casa Rosada está atenta al plenario del Consejo de la Magistratura que se llevará a cabo el miércoles. En su orden del día se incluyen concursos para juzgados federales y cámaras sensibles, como el Juzgado Federal 2 de La Plata, el Juzgado Federal 1 de Corrientes y juzgados federales con funciones de garantía en varias ciudades, así como cuatro vocalías en la Cámara Civil y Comercial Federal y dos cargos en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
Desde despachos oficiales se advierte que los cargos federales más estratégicos quedarán para más adelante. “Serán los pliegos más complicados, que se dejarán para fin de año”, indican en la Nación. La estrategia del Gobierno es avanzar inicialmente con nombramientos menos expuestos y luego ordenar los expedientes que requieren respaldos más amplios de bloques legislativos, gobernadores y sectores del ámbito judicial.
La agenda judicial también tendrá un componente internacional en los próximos días. Se ha confirmado el viaje del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, a París para presentar ante el GAFI las políticas argentinas en materia de lavado de dinero. Él formará parte de una comitiva que incluirá a los jueces federales Ariel Lijo y Sebastián Casanello, al titular de la Dajudeco, Tomás Rodríguez Ponte, al titular de la UIF, Matías Álvarez, al coordinador nacional antilavado, Agustín Flah, así como a funcionarios del Banco Central y ARCA, entre otros organismos.
En la próxima reunión de mesa política convocada por el Gobierno para el jueves, se buscará organizar los poroteos, nuevos envíos y prioridades en Diputados y el Senado. La Casa Rosada desea avanzar con varias iniciativas como el Súper RIGI, la ley de lobby, Inocencia Fiscal, desregulación, cambios en la competencia y otros proyectos que aún se encuentran en revisión.
El Ejecutivo también está acelerando el proyecto de juicio por jurados. En la Nación señalan que el texto está “casi terminado”, que ya pasó por el Ministerio de Justicia y que actualmente es trabajado por equipos técnicos de Legal y Técnica. Esta iniciativa forma parte de la agenda institucional que el Gobierno ha tenido en mente durante meses, con el objetivo de enviarla al Congreso en el corto plazo.
La reforma del juicio por jurados había sido incluida en una versión inicial de la Ley Bases, pero fue retirada de la discusión parlamentaria. El borrador establece un sistema para la justicia federal en delitos con penas superiores a cinco años de prisión o reclusión, contando con jurados de 12 miembros titulares, al menos dos suplentes, integración paritaria y un juez encargado de dirigir el debate.
