El proyecto establece la creación de un registro obligatorio para los gestores de intereses, exige informes trimestrales y contempla penas de hasta tres años de prisión para aquellos que realicen gestiones sin estar inscritos. Sin embargo, existen aspectos que quedan sin regular.
El texto de la ley indica que “Quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente ley las actuaciones realizadas en el marco de procesos de carácter jurisdiccional ante el Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa”. La explicación oficial argumenta que estos poderes cuentan con su propia normativa, por lo que no es necesario incluirlos, aunque la historia legislativa no respalda esta justificación.
Otro punto controvertido es la autoridad de aplicación. Según el Ejecutivo, esta deberá ser “la jurisdicción o el organismo que este designe”, lo que implica que el mismo Poder Ejecutivo decidiría quién supervisa la declaración de reuniones de sus funcionarios con privados. No se establece un órgano independiente para velar por el cumplimiento de la ley.
No obstante, el proyecto presenta aspectos valiosos reconocidos de manera general: es incluso más riguroso que el modelo estadounidense que promete imitar, dado que en Argentina la inscripción debe llevarse a cabo antes de cualquier contacto, mientras que en EE. UU. el plazo se extiende hasta 45 días después. Además, es más inclusivo, ya que contempla tanto gestiones gratuitas como a organizaciones sin fines de lucro, en lugar de solo a lobbistas remunerados.
Sin embargo, esta amplitud ha suscitado preocupaciones entre ONG y movimientos sociales. Estas entidades advierten que cualquier intento de contacto con un legislador para promover una ley podría requerir una inscripción previa en el registro, bajo pena de prisión. La misma disposición que se dirige a grandes corporaciones podría afectar a una cooperativa de vecinos que desea solicitar una audiencia en el Congreso.
El proyecto es presentado junto a la Ley de Ludopatía y la eliminación de sellos negros en alimentos, formando parte de un paquete legislativo donde la ley de lobby asegura la transparencia.
Desde 1995, han existido más de 30 iniciativas para regular y monitorear a los grupos de presión. En 1997, la entonces diputada Patricia Bullrich propuso crear un régimen especial de lobby con severas sanciones, siendo una idea similar presentada por el radical René Balestra. Ninguna de estas propuestas logró avanzar en el proceso legislativo.
Argentina tiene vigente un decreto desde 2003 que requiere a los funcionarios del Ejecutivo informar sobre sus reuniones con gestores de intereses. Este decreto, el 1172/03 de la era Kirchner, estableció un registro limitado al Ejecutivo y solo para encuentros formales, resultando ser una solución temporal que nunca se extendió al Congreso y que muchos funcionarios cumplían de forma incompleta.
Se intentó, también, avanzar en esta temática durante la administración de Macri, con el envío de un proyecto de ley al Congreso que regularía la gestión de intereses. A su vez, había varias iniciativas similares presentadas por otros legisladores en la Cámara.
La principal diferencia con el proyecto actual es que la propuesta de 2017 incluía al Poder Judicial y a sus magistrados como sujetos obligados. Sin embargo, este proyecto tampoco logró ser aprobado, quedando estancado en comisión por la falta de consenso ante las múltiples propuestas en paralelo.
El texto presentado por el actual gobierno respeta en gran medida las formulaciones enviadas en los últimos dos años por otros legisladores, lo que indica que la propuesta de Milei no es nueva, sino que recoge y refina borradores que ya circulaban en el Congreso.
