El análisis de CEPA destaca que la disminución de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25% es el principal motivo de la renuncia a la recaudación tributaria, equivalente a aproximadamente USD 545 millones anuales en el escenario base. Además, se establece una renuncia a las retenciones sobre exportaciones por USD 107 millones cada año, especialmente impactando al sector minero de litio y plata. Cabe mencionar que sectores como el petróleo, gas y oro ya disfrutaban de un derecho de exportación del 0% antes de la instauración del régimen.
Durante la fase de construcción, que abarca desde 2026 hasta 2028, se prevé un costo fiscal anual de USD 430 millones, principalmente por las exenciones de aranceles y la devolución anticipada del IVA, según lo reportado por CEPA. Hasta mayo de 2026, había 12 proyectos de inversión aprobados bajo este régimen, sumando un total de USD 26.680 millones, con proyecciones de exportaciones anuales que alcanzan los USD 28.141 millones. La mayoría de estas iniciativas están vinculadas a energía renovable, hidrocarburos, gas natural licuado (GNL), minería y siderurgia.
YPF, la empresa petrolera mayoritariamente estatal, desempeña un papel pivotal según el estudio de CEPA, concentrando el 68,5% del financiamiento total comprometido bajo el régimen. Aunque el informe se elaboró antes del último anuncio de YPF, la compañía presentó el pasado viernes su proyecto más significativo en términos de inversión dentro del régimen, que asciende a USD 25.000 millones para LLL Oil, considerado uno de los proyectos de exportación de petróleo más importantes en la historia del país. La empresa señala que LLL Oil contempla la perforación de 1.152 pozos, con la previsión de alcanzar una producción de 240.000 barriles diarios de petróleo a partir de 2032. El CEO y presidente de YPF, Horacio Marín, afirmó que el crudo “estará destinado 100% al mercado de exportación y será evacuado a través de VMOS”.
El informe de CEPA también revela que, si bien actualmente hay 16 proyectos aprobados, al menos siete de ellos fueron anunciados, avanzados o estaban en ejecución antes de la aprobación del RIGI, lo que ha suscitado críticas sobre la concesión de exenciones fiscales a iniciativas que probablemente ya se habrían llevado a cabo. “El RIGI otorga beneficios fiscales extraordinarios a inversiones que probablemente se hubieran realizado de todas formas”, afirma el documento.
