El replanteo de la causa Malvinas por parte de Javier Milei ha vuelto a centrar la atención en el tema, pero el proyecto que fue presentado quince días después de un discurso en cadena nacional tiene poco que ver con un endurecimiento de las sanciones ni con una reivindicación efectiva de la soberanía sobre las islas. Legisladores del peronismo y de la Coalición Cívica han expresado su inquietud respecto a las potenciales consecuencias que podría tener la derogación de la legislación vigente sin que se aclare la situación de las sanciones anteriormente impuestas. “¿En qué situación quedarán las empresas actualmente sancionadas por la Ley 26.659 si esta se deroga?”, cuestionó el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro. La propuesta legislativa no ofrece respuesta a esta interrogante. Por el contrario, el régimen de desistimiento y regularización que se incorpora podría transformarse en “un régimen de blanqueo que las termine favoreciendo”, alertó un diputado en diálogo con este medio.
Los bloques parlamentarios de Unión por la Patria han recibido la propuesta con “una mirada absolutamente crítica”. En una reunión del bloque que se dio el pasado viernes por la tarde, se discutieron los puntos más preocupantes del articulado. Entre ellos se destacó que se trata de “una ley ómnibus” con “varios caballos de troya”. Según el análisis de este espacio, de los 133 artículos que componen el proyecto, “solo el 30% se refiere a las Malvinas y las sanciones”. El resto del contenido incluye modificaciones a la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Inteligencia Nacional. “Elimina el límite entre Defensa y Seguridad Interior”, explicaron, enfatizando que estos pilares fueron establecidos tras 1983 para garantizar que el aparato militar se subordinara al poder político democrático. Se señala además que se introducen condicionantes a la libertad de expresión y nuevas sanciones relacionadas con el financiamiento del terrorismo, sin hacer mención alguna al Reino Unido ni a las Naciones Unidas, que son los foros donde debería reforzarse el reclamo. “Parece que buscan agradar a la agenda de Marco Rubio y Donald Trump”, afirmaron.
En efecto, muchas de las medidas contempladas en la iniciativa, y que poco tienen que ver con la Causa Malvinas, son compromisos que fueron acordados en el marco del Escudo de las Américas. El proyecto pretende adecuar la legislación interna a la estrategia de seguridad hemisférica impulsada por Estados Unidos y ampliar las facultades del Poder Ejecutivo, las Fuerzas Armadas, la SIDE, y el nuevo Consejo de Seguridad Nacional, que no incluye al Ministerio de Seguridad que encabeza Alejandra Monteoliva en su composición.
Por ejemplo, los acuerdos asumidos en la reunión convocada por Marco Rubio sobre “terrorismo político” en julio de este año se reflejan en el nuevo Registro de Personas Expuestas y Terrorismo (RePET), que permite incluir a individuos o entidades cuando existan “motivos razonables para sospechar” su vinculación con el terrorismo, congelar sus bienes de forma inmediata y prohibirles operar o contratar con el Estado, todo esto sin necesidad de una orden judicial. El diputado Juan Marino ha elaborado un informe que detalla el paralelismo entre las acciones de política de seguridad hemisférica de Estados Unidos con participación argentina y el contenido del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
El oficialismo tiene previsto enviar el texto a las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Legislación Penal. Aunque el comunicado que se publicó junto a su presentación incluyó un llamado a “poner una pausa a otras discusiones y a darle máxima prioridad y celeridad al tratamiento de este proyecto en el Congreso”, apenas se notificó a la oposición sobre su ingreso.
Por otro lado, otros sectores, como Provincias Unidas, calificaron “de aberrante” la doctrina que permite espiar a todos por cualquier pretexto. “No vamos a permitir que utilicen Malvinas como excusa para concentrar poder y avanzar sobre nuestras libertades”, afirmó el diputado Esteban Paulón. En el PRO, por lo que se ha podido saber, están “90% adentro”, manifestó una figura parlamentaria del espacio a este diario. Un informe preliminar elaborado por la Fundación Pensar, al que se tuvo acceso, resulta favorable al proyecto, pero no presenta críticas jurídicas ni políticas importantes, funcionando más como una defensa y justificación de la ley que como un análisis independiente. No aborda la concentración de facultades del Presidente y el Consejo de Seguridad Nacional, ni la ampliación de la intervención de las Fuerzas Armadas frente a amenazas no estatales y en infraestructuras críticas. Se tenía previsto un comunicado por parte del MID, pero aún no se han definido precisiones sobre su contenido.
En la Cámara alta, el senador peronista Jorge Capitanich ha propuesto la creación de “la Comisión Bicameral Permanente de Control, Seguimiento y Estrategia sobre la cuestión Malvinas, Antártida y el Atlántico Sur, como órgano de supervisión parlamentaria”. Si bien los diputados y senadores del PJ están de acuerdo en la importancia de articular una postura unificada, aún no se ha concretado si el espacio de debate se dará a través de una comisión o por otro medio. “Todo está sujeto a debate, hay que analizar cuál sería la mejor estructura”, señalaron desde el Senado.
Numerosos legisladores, en diálogo con este medio, recordaron la existencia del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares Correspondientes, creado por ley en 2020 con el objetivo de contribuir al diseño y la implementación de políticas de Estado. Sin embargo, ese organismo ha estado inactivo desde agosto de 2024. Por lo tanto, resulta llamativo que el gobierno invoque la centralidad de la Cuestión Malvinas para impulsar iniciativas de amplio alcance, mientras permanece paralizado el órgano plural creado por ley que debería elaborar consensos y asesorar al Poder Ejecutivo en esta materia.
