En el contexto actual, donde el país se aproxima hacia el autoabastecimiento energético, es crucial entender que el subsidio no se debe ver simplemente como una asistencia del Estado al consumidor, sino como un mecanismo para redistribuir la riqueza generada por los recursos estratégicos nacionales.
Esto implica que todos los argentinos tienen derecho a una parte de las ganancias obtenidas de los recursos naturales que son propiedad colectiva.
El verdadero debate no se centra en si los subsidios son buenos o malos, sino en quién se beneficia de la renta excepcional originada por nuestros recursos naturales. Si bien las empresas deben recuperar sus inversiones y generar ganancias, es fundamental que parte de esa riqueza también regrese a sus legítimos dueños: los argentinos.
La explotación de recursos estratégicos brinda una renta extraordinaria. Elementos como el petróleo, el gas, el litio, los minerales y los recursos hidroeléctricos no son producto exclusivo de la labor de las compañías que los extraen.
Las empresas contribuyen con capital, tecnología, organización y asumen riesgos, por lo que deben aspirar a una rentabilidad razonable; sin embargo, una porción del valor económico proviene de la mera existencia del recurso y su localización en el suelo argentino.
Es necesario diferenciar entre renta y costos de producción. No sugiero que la extracción de gas, petróleo o electricidad sea gratuita, ni que las empresas operen sin obtener beneficios.
La producción energética conlleva gastos concretos: extracción, transporte, infraestructura, inversiones, amortización, salarios, mantenimiento, tecnología y financiamiento.
Por ende, es logico que quien invierte y asume riesgos obtenga una rentabilidad empresarial que sea razonable y atractiva. No obstante, el debate radica en quién se adueña de la renta extraordinaria que sobrepasa dichos costos y una ganancia empresarial justa.
Es completamente válido que una empresa obtenga beneficios; sin embargo, que la totalidad de una renta extraordinaria generada por la explotación de un recurso estratégico nacional quede en manos de privados es un asunto diferente.
Propongo que parte de esa renta extraordinaria deba ser redistribuida entre los verdaderos propietarios: los argentinos.
Si nuestros recursos naturales brindan una ventaja económica singular, dicha ventaja no debería ser un beneficio exclusivo para quienes poseen la concesión, llevan a cabo la extracción o comercializan el recurso.
De ahí la necesidad de establecer un mecanismo que permita que una parte de ese excedente se distribuya socialmente.
Esto es lo que defino como subsidio: no un simple gasto fiscal destinado a abaratar tarifas de forma artificial, sino un instrumento destinado a redistribuir la renta de los bienes estratégicos nacionales, de modo que parte del beneficio extraordinario generado por estos recursos vuelva a la sociedad a través de energía accesible, menor costo de vida y mayor competitividad para la producción nacional.
La población puede beneficiarse mediante tarifas energéticas que sean inferiores a ciertas referencias internacionales, subsidios focalizados o generales, infraestructura, reducción de costos productivos, fondos soberanos, regalías, transferencias fiscales o una combinación de estas herramientas.
Esto también permite en parte responder al argumento frecuente de que “los subsidios alteran los precios”.
Ciertamente, algunos subsidios pueden ser fiscalmente insostenibles, regresivos o mal estructurados. Por ejemplo, subsidiar de forma indiscriminada el consumo de los sectores de mayores ingresos mediante déficit fiscal financiado con emisión o deuda.
Este escenario es muy distinto a utilizar una renta generada por un recurso estratégico para disminuir de manera estructural el costo energético de los hogares y de la producción nacional.
El falso “sinceramiento” no corrigió la economía, sino que trasladó costos. La intervención del Estado dejó de resguardar a las familias más vulnerables.
Las tarifas se han convertido en un gasto riguroso y elevado para los hogares, mientras que los beneficios se han transferido en su totalidad a corporaciones con tarifas en dólares.
El acceso a la energía es esencial para llevar una vida digna. No debería ser un privilegio del mercado. La dignidad humana no puede ser una “variable de ajuste” fiscal. Soberanía significa establecer tarifas para nuestras familias y no para los mercados internacionales.
La energía debe ser un insumo para la producción, no un recurso de especulación financiera. Las tarifas en dólares incrementan los costos de producción local. La energía es vital para producir; cuando sube, los costos de todo aumentan.
La solución es desacoplar y aplicar el “costo argentino”: fijar tarifas que se basen en los costos reales de producción más una rentabilidad aceptable. Esto resultaría en estabilidad, previsibilidad y soberanía.
Cuando el Estado se desentiende del control, la ventaja natural que posee la Nación desaparece. En consecuencia, se pierde la ventaja económica para sus habitantes y productores.
¿De qué sirve que la Argentina tenga Vaca Muerta si un hogar o una industria argentina debe pagar por la energía como si el país dependiera de importaciones a precios internacionales?
En otras palabras, afirmar que las “tarifas están atrasadas” implica ceder a la nación argentina el privilegio de ser propietaria de sus recursos naturales y transferirlo únicamente a la empresa extractiva y a ciertos intereses políticos que otorguen la concesión de extracción.
Los recursos estratégicos de una nación deberían proporcionar una ventaja estratégica para su población. Las empresas que los explotan tienen el derecho a recuperar su inversión y obtener una rentabilidad razonable; no obstante, es fundamental que parte de la renta generada por la riqueza natural del territorio se comparta con la comunidad titular de dicha riqueza.
La energía debe convertirse en un motor, no en un ancla, para el desarrollo nacional.
