Las jornadas de paro se llevarán a cabo de manera rotativa y con actividades de visibilización en distintas reparticiones y unidades académicas, comenzando desde el lunes 21 de este mes y continuando hasta el jueves 22 de octubre. Además, se organizará una nueva Marcha Federal el 15 de octubre, con el objetivo de visibilizar el reclamo de los trabajadores del sector.
El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, presentó una propuesta de incremento salarial del 3%. Sin embargo, esta oferta fue rechazada por unanimidad por sindicatos como la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) y la Unión de Docentes Argentinos (UDA), entre otros.
“Es por eso que hemos decidido llevar a cabo esta medida de fuerza y movilizarnos en masa el próximo 15 de octubre durante la Quinta Marcha Federal Universitaria, en la que nos concentramos frente al Palacio de Tribunales”, afirmó Emiliano Cagnacci, secretario general de ADUBA.
Cagnacci también destacó que “se está desfinanciando la educación pública y ahogando a los trabajadores universitarios, lo que nos llevará a un país con menos profesionales y menos oportunidades de ascenso social, construyendo un futuro incierto. La sociedad no votó para perjudicar a la Universidad”, concluyó.
Pese a la negativa por parte de los sindicatos, el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, confirmó que se concederá el aumento salarial, aunque sin la aprobación gremial, argumentando ante la Justicia que está cumpliendo con las medidas cautelares vigentes. Al mismo tiempo, los sindicatos exigen una recomposición cercana al 32% para “recuperar el poder adquisitivo” y han reclamado el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Luego de la respuesta del Gobierno, los gremios anticiparon un esquema de paros continuos en las universidades nacionales, como lo han estado haciendo hasta ahora. Además, informaron que preparan la convocatoria a una quinta Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre, donde se manifestarán nuevamente frente al Palacio de Tribunales.
El conflicto también se ha trasladado al Congreso de la Nación, donde los rectores insisten en su demanda de 11 billones de pesos, a pesar de que el proyecto oficial solo asigna 7,3 billones, para que se incluya este monto dentro del presupuesto de 2027.
Por su parte, el Frente Intersindical Universitario y diversas federaciones de docentes y no docentes han ratificado la profundización de su plan de lucha, subrayando que volverán a exigir el cumplimiento pleno de la Ley de Financiamiento Universitario, que tiene respaldo judicial pero está paralizada por el Ejecutivo. También piden la actualización de las becas estudiantiles y un presupuesto real para el correcto funcionamiento de las instituciones de cara al próximo año.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintas agrupaciones estudiantiles han advertido que, de mantenerse este recorte en el presupuesto de 2027, el inicio del ciclo lectivo del próximo año podría encontrarse en serios problemas.
