Esta decisión se produjo después de que se rechazara la recusación presentada por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Santa Cruz. De esta manera, el alto tribunal nacional reiteró su solicitud por segunda vez, debido a la negativa de las autoridades provinciales a proporcionar la documentación requerida.
El pedido original de la Corte Suprema data del 23 de abril, cuando se notificó al TSJ sobre la necesidad de enviar todas las actuaciones relacionadas con la causa que cuestiona la constitucionalidad de la incorporación de nuevas vacantes judiciales en la provincia.
Ante la falta de respuesta por parte del TSJ, la Corte endureció su posición y ordenó que la documentación sea enviada “de inmediato” en formato digital. Según información publicada en el sitio oficial del Gobierno de Santa Cruz, la intimación fue formalizada este miércoles en Buenos Aires, mencionándose la causa 917/2025 y los incidentes relacionados.
Días atrás, la Corte había desestimado la recusación presentada por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Santa Cruz contra varios de sus miembros, en el expediente que analiza la validez de la ampliación del tribunal provincial. Según el tribunal, el planteo del gremio fue considerado extemporáneo y carecía de fundamentos legales que justifiquen la separación de los magistrados.
Asimismo, la Corte recordó que la recusación es un recurso que debe usarse de manera excepcional y de forma restrictiva, especialmente cuando se intenta apartar a miembros de la propia Corte Suprema. Esta decisión responde a las acusaciones del gremio, que había señalado supuestos lazos políticos e institucionales entre abogados involucrados con algunos de los actores de la causa.
El conflicto judicial surgió a raíz de la Ley Provincial N° 253/25, que estableció la ampliación de la composición del Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz. Esta ley fue aprobada el 28 de agosto de 2025 por la Cámara de Diputados provincial, aumentando la cantidad de jueces de 5 a 9.
El proyecto fue presentado por la diputada Adriana Nieto, del bloque Por Santa Cruz, quien argumentó que la medida buscaba responder al crecimiento poblacional y garantizar la imparcialidad, la celeridad, la eficacia y el equilibrio en el Poder Judicial provincial.
El texto de la ley indicó que no se modificaron los requisitos para la designación de miembros del TSJ, de modo que deberán seguir cumpliendo lo estipulado en el artículo 127 de la Constitución.
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