El juez federal Sebastián Casanello firmó la orden a solicitud del fiscal Guillermo Marijuán, en el contexto de una causa que busca determinar la evolución patrimonial del legislador provincial.
De acuerdo con fuentes cercanas, la policía ejecutó una orden de presentación en la cartera de Defensa a finales de la semana anterior, donde obtuvieron documentos vinculados a las designaciones de Adorni, su historial salarial y eventuales retenciones.
Durante el operativo también se investigó si el funcionario había cumplido con la presentación de sus declaraciones juradas patrimoniales correspondientes por los diversos cargos que ocupó. Se espera que la fiscalía reciba el material completo proporcionado por el ministerio en los próximos días.
La causa fue desencadenada por una denuncia de la diputada Marcela Pagano, quien expuso inconsistencias en la evolución patrimonial de Francisco Adorni desde su ingreso a la función pública tras la asunción de Javier Milei. Según la denuncia, el dirigente habría experimentado un aumento patrimonial del 84% en un solo año.
Adorni ingresó al Gobierno nacional en 2024, asumiendo el cargo de titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa. Posteriormente, en junio de 2025, fue nombrado al frente del Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). Ese mismo año lideró la lista de La Libertad Avanza en la Octava Sección Electoral bonaerense y logró una banca en la Cámara de Diputados provincial.
La documentación recién incorporada al expediente será objeto de análisis en los tribunales de Comodoro Py, junto con otras pruebas solicitadas previamente por la fiscalía. Marijuán había considerado “indispensable” reunir información sobre las designaciones, funciones e ingresos del hermano del jefe de Gabinete para evaluar posibles inconsistencias patrimoniales.
En este marco, el fiscal solicitó copias del legajo personal de Adorni y de los actos administrativos relacionados con sus nombramientos desde 2023, así como las constancias de presentación de declaraciones juradas patrimoniales iniciales, anuales e integrales, tanto durante su gestión en la Unidad de Auditoría Interna como en el IAF.
La semana pasada, además, Casanello dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario del legislador bonaerense, lo que incluye acceso a información de organismos tributarios y entidades financieras para ampliar el análisis de sus movimientos económicos.
