Ambos grupos son de origen local y están liderados por los conocidos empresarios Mauricio Filiberti y Aldo Roggio, quienes han presentado ofertas en colaboración con firmas internacionales, debido a que ninguna empresa nacional cumplía individualmente con los requisitos necesarios para participar en la licitación.
Los oferentes que superen la evaluación técnica y satisfagan los requisitos del pliego tendrán la oportunidad de presentar su propuesta económica. Al no establecerse un precio base en el pliego, esta etapa será crucial para determinar quién será el adjudicatario.
El ministro de Economía, Luis Caputo, expresó su satisfacción a través de un mensaje en sus redes sociales, donde afirmó: “Avanza la privatización de AySA. El nuevo operador tendrá obligaciones de inversión por más de u$s 2000 millones en los primeros 5 años”, y añadió: “Con las privatizaciones del gobierno del presidente Javier Milei, la libertad y la Argentina avanzan”.
La licitación implica la transferencia del 90% de las acciones que actualmente posee el Estado Nacional, siendo el 10% restante de propiedad de los empleados de la empresa, en el marco del Programa de Propiedad Participada.
El pliego estipula un Plan de Acción 2027-2031, que será de cumplimiento obligado y que implica inversiones por $2,89 billones a precios de diciembre de 2025 sin incluir IVA. Durante este periodo, se mantendrá constante el nivel tarifario vigente al momento de su presentación, sin previsión de aumentos reales adicionales.
El contrato prevé que para 2031 se logren coberturas mínimas del 90% en acceso a agua y del 75% en servicios de cloacas, meta que se debe alcanzar en un plazo inicial de 30 años.
El cumplimiento de estas obligaciones estará sujeto a inspección anual por parte del ERAS, y las inversiones realizadas por la concesionaria deberán estar validadas por una auditoría técnica independiente. Asimismo, el contrato establece claras garantías y sanciones por incumplimientos graves y repetidos, que podrían incluir multas y la pérdida de la concesión.
En relación a la situación de AySA, el Ministerio de Economía señaló: “AySA era un modelo de disfunción administrativa. Entre 2006 y 2023, la empresa recibió transferencias del Tesoro Nacional por más de u$s 13400 millones. Sin embargo, un tercio del área concesionada todavía no cuenta con acceso a agua potable y cloacas, las pérdidas de agua no contabilizadas se mantienen en 42%, la morosidad pasó del 4% al 16% y los costos operativos aumentaron 80%.”
