En los últimos días, la compañía del exagente de inteligencia y empresario Leonardo Scatturice ha acumulado deudas correspondientes a los sueldos de junio, julio y el medio aguinaldo para los trabajadores que aún están empleados. A su vez, más de 700 exempleados llevan más de tres meses sin recibir indemnizaciones por despidos injustificados y acuerdos de retiro voluntario que fueron firmados y homologados por la empresa.
Lo que una vez fue visto como un emblema de la “revolución de los aviones” en el país se ha convertido en una historia de un naufragio administrativo. El 6 de agosto, la falta de pago de aportes patronales afectó la cobertura de medicina prepaga y obra social de los empleados actuales y pasados, interrumpiendo tratamientos médicos y controles esenciales.
En esa misma jornada, la compañía estuvo en su quinto día consecutivo sin operar con normalidad, cancelando un total de 66 vuelos entre el 6 y el 10 de agosto, a pesar de haber presentado un plan de operaciones para esos días. No obstante, continúa vendiendo pasajes sin que la autoridad reguladora actúe de oficio, lo que refleja su privilegiada situación.
Este estado de default casi total sugiere que la empresa podría optar por un concurso preventivo en los próximos días. Este recurso legal permitiría congelar las deudas al momento de su inicio y abrir un proceso de renegociación. Actualmente, existen varios pedidos de quiebra en la Justicia Comercial, aunque no han avanzado y podrían resultar en la declaración de la compañía como fallida.
Personas cercanas a la aerolínea informaron que están evaluando opciones para continuar operando, pero no se ha definido un camino a seguir. La estructura de la empresa estaba diseñada para 15 aeronaves, pero actualmente solo tiene cinco en el país, de las cuales únicamente dos operan.
Los acuerdos de indemnización fueron rubricados por Verónica Funes, directora de Recursos Humanos de Flybondi y OCP Tech, otra de las empresas de Scatturice, que recibió un contrato de más de 78 millones de dólares para renovar licencias de conectividad en escuelas estatales. Estos acuerdos, que se firmaron ante escribano y otros que fueron homologados administrativamente, no se están cumpliendo.
A la deuda con el personal se suman problemas serios con proveedores, como la petrolera YPF, que solo entrega combustible por adelantado debido a impagos previos. Además, los propietarios de los aviones en leasing han restringido el uso de las aeronaves hasta el pago de las deudas correspondientes.
Este escenario de paralización contrasta con los miles de pasajes vendidos y cobrados que no han sido utilizados. El contrato de transporte aéreo entre el pasajero y Flybondi no se está cumpliendo, lo que podría llevar a los damnificados a tener que verificar sus créditos en un eventual proceso judicial de concurso, aunque esto representa un costo elevado y un proceso largo.
En julio, Flybondi programó 427 vuelos y solo logró completar el 5,4% (23 vuelos), en su mayoría con demoras. En junio, de un total de 2626 vuelos programados, solo se realizaron 803, lo que equivale a un cumplimiento del 30,6%. La aerolínea ha llegado al extremo de quedarse sin combustible debido a la falta de pagos, lo que ocasionó la cancelación de vuelos.
La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) ha mantenido un silencio notable ante esta crisis y permite que la aerolínea continúe vendiendo pasajes, cobrando un porcentaje en tasas que debería ser depositado como agente de retención, a pesar de que muchos de esos vuelos probablemente no se realicen.
Mientras la situación se complica en Argentina, la autoridad aeronáutica brasileña ha tomado medidas restrictivas contra Flybondi, limitando la venta de pasajes a tres destinos tras detectar cancelaciones masivas. Ante esta realidad, el Gobierno exigió a la aerolínea un plan de acción detallado bajo la amenaza de inmovilizar aeronaves si se detectan incumplimientos en la seguridad operacional.
Además de la ANAC, Flybondi tiene deudas con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), Aeropuertos Argentina y Intercargo, entre otros.
Con la operación casi paralizada y las deudas en aumento, se espera un concurso preventivo de acreedores en los próximos días. También se han rumoreado posibles cambios de marca si se decide reflotar la actividad bajo un nuevo nombre, como OCA Air.
La influencia de Scatturice entre los reguladores argentinos lo ha convertido en una figura casi intocable. Su conexión con el asesor Santiago Caputo y otras influencias en la administración le habrían permitido ganar un fallo favorable en un litigio relacionado con YPF. Nadie duda de su impunidad en el actual contexto.
