La Rioja volvió a poner en circulación los Chachos, una cuasimoneda provincial que funcionará como mecanismo de pago local y permitirá inyectar unos $4.000 millones en la economía. La medida retoma una herramienta utilizada por distintas provincias durante períodos de fuerte restricción fiscal, cuyo antecedente más recordado es la crisis de 2001.
Qué son los Chachos y cómo funcionan
El gobierno de Ricardo Quintela comenzó a distribuir desde el 17 de agosto 50.000 Chachos por beneficiario, alcanzando a unas 80.000 personas. Se trata de Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), que no tienen carácter de moneda nacional y suelen utilizarse dentro de la provincia.
La Rioja ya había recurrido a este mecanismo en julio de 2024, cuando emitió billetes de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 y 50.000 unidades, con una paridad de uno a uno frente al peso. Hasta un 30% de los salarios estatales podía abonarse con estos bonos, que también eran aceptados en comercios adheridos y para pagar impuestos y servicios provinciales. Ese esquema terminó el 31 de diciembre de 2024.
El nombre de la cuasimoneda hace referencia a Ángel Vicente “Chacho” Peñaloza, uno de los principales referentes riojanos de las guerras civiles del siglo XIX y una figura vinculada al federalismo argentino.
La nueva emisión se produce en medio de una disputa entre La Rioja y el Gobierno nacional por los fondos federales y de una caída de ingresos que, según las autoridades provinciales, afecta tanto las cuentas públicas como la actividad privada.
El origen de las cuasimonedas en Argentina
Aunque suelen asociarse con la crisis de 2001, las cuasimonedas tienen antecedentes anteriores. A mediados de la década de 1980, Tucumán comenzó a emitir Bonos de Cancelación de Deuda, denominados en australes, para enfrentar restricciones de recursos provenientes del Estado nacional. Estos instrumentos continuaron circulando, con diferentes nombres, hasta 2003.
La crisis de fines de 2001 provocó una expansión mucho mayor. La Ley de Convertibilidad limitaba la emisión de pesos sin respaldo en dólares, lo que profundizó la falta de liquidez de las provincias. Como respuesta, el Estado nacional y 15 distritos emitieron bonos que llegaron a sumar $8.535 millones en circulación en agosto de 2002.
El Gobierno nacional también lanzó las Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (Lecop), que circularon en denominaciones de 2, 5, 10, 20 y 50 pesos.
Los billetes que circularon durante la crisis
Las cuasimonedas permitieron a las provincias afrontar pagos y obligaciones cuando no contaban con suficiente dinero. Su valor dependía de la cantidad emitida y de la confianza de quienes las recibían, mientras que el pago de impuestos y servicios provinciales les daba liquidez.
Durante aquel período circularon los Patacones en Buenos Aires, las Lecor en Córdoba, los Bonos Federales en Entre Ríos, los Cecacor en Corrientes, los Petrom en Mendoza, los Cemis en Misiones y los Bocanfor en Formosa.
También se utilizaron Huarpes en San Juan, Quebrachos en Chaco, Bonos Ley 4748 en Catamarca, Bocade en La Rioja y Tucumán, Letras en Tierra del Fuego y Petrobonos en Chubut y Río Negro.
El Patacón bonaerense fue el caso más conocido. Lanzado durante la gestión de Carlos Ruckauf en agosto de 2001, llegó a utilizarse como equivalente al peso en numerosos comercios de la provincia y de la Ciudad de Buenos Aires.
El final de las cuasimonedas
Análisis comparativo: El escenario actual frente a la crisis de 2001
La reaparición de los Chachos en La Rioja invita a una comparación directa con el estallido de 2001, aunque los contextos presentan matices distintivos. En ambas situaciones, el factor común es el “estrangulamiento financiero” de las provincias debido a la rigidez del gasto público y la caída de las transferencias nacionales. Mientras que en 2001 la restricción venía dada por la Ley de Convertibilidad, que impedía la emisión de pesos sin respaldo, en el escenario actual la presión surge de un fuerte ajuste fiscal del Gobierno central y la parálisis de fondos discrecionales.
Las provincias recurren a estas herramientas como un “salvavidas de liquidez” de última instancia. Al emitir bonos de cancelación de deuda, los gobiernos locales logran cumplir con sus obligaciones salariales y operativas sin contar con moneda de curso legal, evitando el colapso administrativo inmediato. Sin embargo, esta estrategia traslada la presión financiera al sector privado —comercios y proveedores—, que se ve obligado a aceptar un papel cuya convertibilidad total suele estar limitada a impuestos provinciales.
A largo plazo, los riesgos económicos son significativos. En primer lugar, se disparan los costos de transacción: los ciudadanos y empresas deben lidiar con múltiples unidades de cuenta, lo que genera confusión y fricción en el intercambio comercial. En segundo lugar, existe un impacto inflacionario local y una depreciación inevitable. Históricamente, estas cuasimonedas terminan cotizando “bajo la par” en el mercado secundario (se reciben por un valor menor al nominal), lo que erosiona el poder adquisitivo de quienes cobran sus haberes en bonos. Finalmente, la proliferación de estos instrumentos atenta contra la unidad monetaria del país, dificultando la coordinación de políticas macroeconómicas nacionales.
La proliferación de estos instrumentos también generó problemas. Según los analistas, su circulación “aumentó los costos de transacción, disminuyendo la eficiencia en general en la economía”, debido a las dificultades que generaba operar con distintos bonos.
Además, podían provocar una pérdida del poder adquisitivo por inflación, diferencias de precios y depreciación respecto de su valor nominal.
El rescate comenzó en 2002, en el marco de las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), y se realizó mediante subastas. El proceso de unificación monetaria terminó hacia fines de 2003, cuando las cuasimonedas dejaron de circular.
