La iniciativa, debatida en recientes encuentros entre industriales y funcionarios de Economía, fue formalizada mediante el Decreto 566/2026. Su finalidad es “mejorar la competitividad de las exportaciones, impulsar el ingreso de divisas y fomentar el desarrollo de actividades de mayor valor agregado”.
A pesar de que se prevé un costo fiscal de 100 millones de dólares, desde el sector industrial señalan que este impacto es considerado “bajo” para las finanzas del Estado, destacando que las negociaciones con el ministro Luis Caputo se realizaron bajo la premisa de “no hay plata”.
“Aunque llueven dólares por el boom de las exportaciones, el foco de Economía sigue en el superávit fiscal”, se añadió desde el sector.
El decreto, publicado el 1 de julio en el Boletín Oficial, establece un sistema de desgravación en tres bloques, con recortes inmediatos para ciertos sectores y un cronograma de reducciones progresivas para otros.
En la exposición de motivos, el Ejecutivo argumenta que la medida responde a la necesidad de “fortalecer la posición competitiva de la producción nacional en los mercados globales”. Simultáneamente, busca “alinear las políticas de reducción del costo fiscal y financiero asociado a la exportación de bienes con los principios de la libertad y una mayor apertura del comercio”.
El Anexo I elimina de forma inmediata las retenciones gracias a una alícuota del 0% aplicada a una extensa lista de insumos industriales. Esto incluye productos químicos básicos, plásticos, manufacturas siderúrgicas y componentes para la industria automotriz, con el propósito de reducir el costo exportador y facilitar una mejor inserción en los mercados internacionales.
Por su parte, los Anexos II y III implementan un esquema de reducción mensual de las alícuotas que iniciará en julio de 2026, finalizando el 1 de junio de 2027, momento en el cual todos los productos incluidos pasarán a tributar una alícuota del 0%.
El Anexo II abarca productos petroquímicos, fertilizantes y vehículos terminados, considerados estratégicos por su contribución a la producción industrial y a las cadenas de valor locales.
El Anexo III, en cambio, se refiere a hidrocarburos y combustibles derivados, como naftas y gasoil, que también se beneficiarán de una reducción escalonada de los derechos de exportación.
De acuerdo a datos del ámbito privado, las posiciones arancelarias que anteriormente estaban sujetas a derechos de exportación representaban operaciones por aproximadamente 4000 millones de dólares, lo que hacía de esta medida uno de los principales reclamos del sector exportador.
Sin embargo, el decreto excluye de la rebaja a dos sectores que habían estado buscando una reducción de las alícuotas: el aluminio y el acero. Esta decisión se tomó debido al costo que implicaría ampliar el beneficio en el contexto actual de constricción fiscal.
El propio decreto establece que, “con el fin de cumplir el objetivo de la presente medida sin comprometer el equilibrio fiscal, corresponde establecer un esquema de implementación de reducción de las alícuotas en dos etapas: una de aplicación inmediata y otra escalonada”.
Finalmente, se sostiene que la reducción de retenciones representa “una medida focalizada de política comercial externa que atenúa costos marginales, mejora precios de exportación y dota de una mayor competitividad en el ámbito internacional sin comprometer los niveles de recaudación tributaria”.
Con esta reforma, el Gobierno busca atender uno de los requerimientos más destacados del sector privado para mejorar la competitividad y facilitar un aumento en las exportaciones.
